TEGUCIGALPA.- El juez español Baltasar Garzón cree que "es evidente" la situación de riesgo de los derechos humanos en Honduras, después del Golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya.
En rueda de prensa, Garzón indicó que en Honduras ha podido "ver a personas con fracturas de clavículas, manos, golpes en rostro, cuerpo, relatos de líderes políticos que están siendo perseguidos, amenazados".
Agregó que no señalaría "quién o quiénes" son los responsables de esos delitos, pero que las autoridades tienen "la obligación ineludible de atender y proteger al máximo el principio de igualdad ante la ley".
"Creo que no se está respetando y lo digo con todo respeto hacia las instituciones hondureñas", dijo.
En opinión de Garzón, quien llegó el domingo a Honduras invitado a participar en un foro auspiciado por organismos de derechos humanos, "el sistema judicial que existía antes, durante y después del Golpe de Estado, debe de responder en forma independiente ante las demandas que los ciudadanos están produciendo".
Garzón resaltó que lo que ocurra en Honduras o cualquier país en materia de violaciones a los derechos humanos "se refleja en la comunidad internacional".
"Honduras no es un país único en el mundo, que no engañen aquellos que afirman que a nadie le interesa lo que aquí sucede, que no crean que dicen verdad aquellos que afirman que no tenemos nada que hacer aquí aquellos que somos de afuera. Cuando se trata de defensa de derechos humanos, no hay fronteras", advirtió Garzón.
Acompañaron a Garzón en la rueda de prensa el secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez, y Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Pérez indicó que en Tegucigalpa se han reunido con representantes de diversos sectores, incluso autoridades judiciales, para conocer sobre lo que ha ocurrido en Honduras tras el Golpe de Estado a Zelaya, el 28 de junio pasado.
Agregó que han constatado "un deterioro de la situación de derechos humanos" en el país, marcado por la "persecución política sistemática generalizada contra todos aquellos partidarios del Presidente Zelaya, o que protestan o se movilizan contra el golpe de Estado".
Esa represión, según Pérez, tiene diferentes formas de desarrollarse, en las que intervienen diversos órganos del Estado, sectores privados y medios de comunicación.
Pérez afirmó que "hay una ausencia de los organismos de control del Estado que asegure que se investiguen oportunamente esas violaciones", y que eso "motiva una sensación de parte de estos sectores sociales vulnerables afectados en su derecho de estar absolutamente inermes ante el Estado".
Agregó que ya se han dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI) siete comunicaciones sobre violaciones a los derechos humanos, "en particular de crímenes de lesa humanidad" que podrían ser de competencia de ese tribunal, aunque no precisó detalles.
Ollé, por su parte, expresó que esperan que las autoridades juzguen hechos como "detenciones arbitrarias, lesiones a la vida, lesiones físicas torturas y a la libertad de expresión", y den curso "con máxima celeridad, garantías y respeto al debido proceso", a todas las denuncias que se han presentado.
"Si se garantiza la impunidad, será un crimen internacional que afectará a toda la comunidad internacional", indicó Ollé, al agregar que en ese caso los casos se trasladan a la CPI u otra instancia internacional en base al "principio de justicia universal".
