CARACAS.- El ente regulador del sector de telecomunicaciones de Venezuela notificó hoy al canal de noticias "Globovisión" la apertura de un nuevo proceso administrativo, el sexto en menos de un año, por la supuesta difusión de mensajes de texto telefónicos en los que se incitaría a la alteración del orden público y a la violación de la ley.
La consultora jurídica de "Globovisión", Ana Cristina Núñez, dijo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió ese proceso "administrativo sancionatorio", el cual calificó como "grave".
La notificación del proceso se da dos días después de que el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, dijera en una concentración en la capital que se iniciaría un proceso a "Globovisión", por difundir mensajes en los que se llamaría al golpe de Estado y al magnicidio, y que se cerrarían 29 radios.
Núñez consideró el nuevo proceso de "una gravedad suprema" y dijo que si Conatel dictamina que "Globovisión" incurrió en una violación de la ley del sector, el canal podría ser sancionado con "suspensión de las transmisiones" por 72 horas y la "revocatoria de la concesión".
La abogada denunció que con los seis procesos que tiene abiertos "Globovisión", el Gobierno estaría buscando "promover la autocensura" del canal.
Asimismo, Núñez criticó que el ministro Cabello haya anunciado el pasado 5 de septiembre el proceso durante una concentración con simpatizantes oficialistas. "No es el proceder correcto", agregó.
El director del canal, Alberto Federico Ravell, expresó el sábado que "no nos extraña" la decisión y sostuvo que el proceso responde a que el Gobierno está "muy preocupado" por la protesta internacional que se realizó el pasado 4 de septiembre contra el Presidente Hugo Chávez y por la manifestación opositora del sábado en la capital.
Cabello defendió el retiro de las concesiones a 32 radios y dos televisoras regionales que acordó el Gobierno a finales de julio, y anunció que "ya hay 29 más (emisoras) que saldrán dentro de poco".
El Gobierno retiró la concesión a los medios argumentando que incumplieron la normativa del sector. Las 32 radios salieron del aire tras la notificación de la medida.
Las medidas contra los medios generaron protestas en la capital y otras ciudades del interior.
Los 34 medios que perdieron la concesión forman parte de un grupo de 240 que fueron sometidos a revisión por supuestos incumplimientos de las leyes que regulan el sector, según informaron las autoridades en julio.
La cámara que agrupa a las mayores radioemisoras del país criticó los anuncios del Gobierno sobre el posible retiro de las licencias de transmisión a 240 emisoras, que representan 40% del total del país, y consideró la acción como una violación a la Constitución y un atentado a la libertad de expresión.