LA PAZ.- El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, sostuvo hoy que el Gobierno no está en condiciones de atender la demanda de las personas con discapacidad, quienes reclaman con diversas protestas un bono anual de 424 dólares.
Arce recordó en conferencia de prensa que en 2008 se aprobó una ley para crear un fondo económico de 5,6 millones de dólares para apoyar al sector y que esa norma "no especifica" la entrega de ningún bono.
"Ratificamos que el Tesoro General de la Nación no cuenta con recursos para garantizar la sostenibilidad de este pago. Lamentablemente hay una ley que cumplir, una ley que ha sido aprobada y nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley", afirmó.
El dirigente del sector de discapacitados en La Paz, Teclo Gonzáles, lamentó en declaraciones la respuesta del ministro Arce, a quien tildó de "enemigo de las personas con discapacidad".
"Cuando nosotros hemos pedido el año pasado el bono, ellos (las autoridades del Ministerio de Economía) se han opuesto a que haya un bono para personas con discapacidad", dijo.
Grupos de discapacitados iniciaron esta semana una serie de protestas en cuatro regiones, mientras que las representaciones de otros tres departamentos prevén sumarse mañana a las movilizaciones.
El máximo dirigente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, Jaime Estívariz, dijo que la federación de la región andina de Oruro (oeste) decidió hoy marchar a pie hacia La Paz para exigir el pago del bono.
En tanto que en el departamento de Chuquisaca (sur), un grupo inició una huelga de hambre con similar demanda.
Otros grupos de discapacitados se han instalado en una céntrica avenida de La Paz y en la plaza principal de la ciudad de Potosí (suroeste) y aseguran que permanecerán en esos lugares en tanto el el Gobierno no atienda sus demandas.
Estívariz anunció que el sector prevé tomar instituciones estatales a partir de mañana en la región oriental de Santa Cruz y anticipó que también habrá protestas en Pando (norte) y Beni (noreste).
Los discapacitados ya tomaron instituciones estatales en Santa Cruz y bloquearon carreteras en agosto de 2008 con la misma exigencia.