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Ministro panameño es acusado de lavado de dinero

La información es parte de un informe elaborado por la Agencia Antidrogas (DEA), de Estados Unidos.

16 de Noviembre de 2009 | 13:58 | DPA

CIUDAD DE PANAMÁ.- El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentó hoy al Ministerio Público un informe de la Agencia Antidrogas (DEA), de Estados Unidos, que vincula a altos funcionarios del gobierno de Panamá con el presunto lavado de dinero.


La denuncia fue formalizada este lunes por el secretario general del PRD, Mitchell Doens, en medio de una fuerte rivalidad con el gobierno del presidente de la república, Ricardo Martinelli, al que implicó en un plan de "persecución política" en este país.


Doens mencionó al ex banquero y actual ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, por estar presuntamente vinculado al lavado de dinero proveniente de actividades del narcotráfico, de acuerdo con el informe de la DEA, al que tuvo acceso el PRD.


Precisó que el documento entregado al Ministerio Público debe servir de base para el inicio de una investigación, por parte de la procuradora general, Ana Matilde Gómez, con el objetivo de determinar las "consecuencias jurídicas y responsabilidades penales" de los culpables de delitos conexos al narcotráfico.


Doens aclaró que la denuncia, en la que aparece señalado el ministro de Economía y Finanzas, está vinculada con un escándalo en Costa Rica, que culminó con la clausura de instituciones bancarias y la detención de banqueros, a causa del "blanqueo de capitales".


Vallarino, ex candidato presidencial por el Partido Panameñista, fue el líder del desaparecido Banco del Istmo (Banistmo), del cual figuró como accionista minoritario Martinelli.


Banistmo había absorbido el 75 por ciento de las acciones de la Corporación Banex de Costa Rica, por 101 millones de dólares. El banco panameño fue adquirido en 2006 por el HSBC, a 52,6 dólares la acción y un total de 1.770 millones de dólares.


Doens recalcó que la administración de Martinelli intenta instaurar una "cultura de descalificación y desprestigio", en perjuicio de ciudadanos, partidos políticos, empresarios, actividades comerciales y financieras, incluida la Zona Libre de Colón, lo que se traduce en inestabilidad jurídica en este país.


Asimismo, acusó al gobierno de aplazar la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, para designar a alguien de su confianza, y desatar una campaña dirigida a impedir el cumplimiento de los acuerdos de la concertación nacional y la ley de carrera administrativa.


 

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