Venezuela: Gobierno utiliza vías alternas para restringir la información

Caracas.- Durante más de una década en el poder, el presidente Hugo Chávez ha librado una guerra contra los medios de comunicación independientes que, hasta la fecha, ha causado 35 bajas: RCTV, la televisora más antigua del país, y 34 radioemisoras cerradas por el Gobierno.

Chávez utiliza los pertrechos que le ha proporcionado la Asamblea Nacional, controlada hegemónicamente por el partido de gobierno. La particularidad es que, además de las leyes que directamente regulan la actividad de los medios, el Poder Legislativo no ha desaprovechado oportunidades para incorporar en otras leyes restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La Ley de Responsabilidad Penal en Radio y Televisión, aprobada en 2004, establece multas por irregularidades administrativas que defensores de derechos humanos, como Héctor Faúndez, califican de desproporcionadas y fuentes de autocensura.

El jurista advierte que la normativa incluye nociones que pueden ser interpretadas discrecionalmente, como seguridad de la nación, con el fin de aplicar sanciones que, por ejemplo, pueden conducir a la revocatoria de concesiones de los medios audiovisuales. 

Sobre los riesgos de la aplicación discriminatoria de la ley han fijado posición los relatores para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue; y de la CIDH, Catalina Botero.

En mayo pasado advirtieron que el procedimiento administrativo contra Globovisión (a la cual Chávez ha sentenciado a muerte) por generar alarma mediante la información sobre el sismo del 12 de septiembre, podría concluir con el cierre de la televisora.

En 2005, se aprobó una reforma del Código Penal y se incluyó el delito de “terrorismo informativo”, relativo a la difusión de noticias que puedan causar zozobra. Al respecto, el penalista Alberto Arteaga Sánchez razona que muchas informaciones (por ejemplo, las referidas a la inseguridad ciudadana) causan angustia a la población y por ello no podría impedirse su divulgación.

Como ha dicho el académico Marcelino Bisbal, “la batería jurídica” incluye hasta la Ley de Cultura, y el ministro del área ha señalado que los medios deben difundir “contenidos bolivarianos”. En modo similar, la Ley de Educación, promulgada el 15 de agosto pasado, no aclara en qué consiste la “obligación” de los medios a contribuir con el hecho educativo.

Mediante la quinta reforma del Código Orgánico Procesal Penal, sancionada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto, las empresas de telecomunicaciones quedaron obligadas a crear unidades permanentes de grabación de comunicaciones, que servirían como insumos de las investigaciones penales.

Está en ciernes una reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Conatel, como autoridad estatal encargada de la administración del espacio radioeléctrico, ha avanzado en la emisión de resoluciones que se encuentran en etapa consultiva. Se ha planteado limitar la actividad de la televisión por suscripción, mediante la imposición de cuotas máximas de publicidad y mínimas de contenido de producción nacional.

Carlos Correa, vocero de la ONG Espacio Público, resume las últimas tendencias gubernamentales: “Se imponen restricciones por mecanismos indirectos o de rango sublegal. Pero el efecto es igualmente violatorio de los derechos a la libre expresión y a la información”.

2009: el año más violento
 
El Instituto Prensa y Sociedad registró 107 ataques contra medios y periodistas entre enero y octubre. “2009 ha sido el año de más violencia contra la prensa en Venezuela”, afirmó Ewald Scharfemberg, vocero del IPYS.

Más de 67% de las víctimas son reporteros de medios de comunicación privados, particularmente de televisión. Sólo 8% son trabajadores de medios oficiales.

La organización no gubernamental Espacio Público reportó 165 agresiones en los primeros 10 meses del año. Las diferencia con el informe de IPYS tiene que ver con la inclusión de violaciones al derecho de acceso a la información pública.

Ambas organizaciones deploran la impunidad. El 13 de agosto, 12 periodistas del grupo editorial Cadena Capriles fueron salvajemente golpeados por grupos afectos al oficialismo. Sólo uno de los agresores fue detenido, pero recuperó su libertad en una semana.

La dirigente oficialista radical Lina Ron también había sido encarcelada por el ataque con explosivos a la sede de Globovisión, el pasado 3 de agosto. A pesar de que le imputaron ocho delitos, ahora está libre.