El preocupante panorama de la libertad de prensa en América Latina

SANTIAGO.- El periodismo latinoamericano hoy está atravesando uno de sus momentos más complejos. Y eso no guarda relación con la crisis económica mundial ni con el debate sobre el acceso a los diarios en internet. No, la amenaza en este momento proviene -en su mayoría- de leyes restrictivas impulsadas por diferentes gobiernos, con el objetivo de levantar barreras a la libertad de expresión y a la labor fiscalizadora que los medios ejercen sobre los poderes públicos.

Por ejemplo, durante los últimos meses el gobierno argentino ha articulado una serie de ataques contra la libertad de expresión, a partir de tres ejes centrales: la nueva ley de medios audiovisuales, la creciente presión sobre Papel Prensa (la empresa que provee del insumo básico a más de 170 periódicos), y el recrudecimiento de un conflicto gremial que obstaculiza la distribución de los matutinos.

La intromisión del gobierno en los medios no es nueva, pero sí lo es su creciente virulencia. La mala relación comenzó en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia: se hicieron cada vez más frecuentes las críticas contra medios y periodistas, la utilización discrecional de la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios según su línea editorial -irregularidad que la Corte Suprema condenó con un fallo de 2007- y las conferencias de prensa sin permiso de hacer preguntas, prohibición que afortunadamente se relajó.

Desde entonces, las restricciones directas e indirectas sobre la libertad de expresión y los medios se han multiplicado. Basta mencionar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que viene desplegando desde hace varios años una intimidatoria presión, reclamando retroactivamente a los diarios cargas tributarias en litigio (lo que motivó una medida cautelar de los tribunales). Basta recordar lo ocurrido en septiembre, cuando unos cien inspectores de ese organismo realizaron un procedimiento en la sede del diario Clarín.

Venezuela es otro escenario en el que durante más de una década, el Presidente Hugo Chávez ha librado una guerra contra los medios de comunicación independientes que, hasta la fecha, ha causado 35 bajas: RCTV, la televisora más antigua del país, y 34 radioemisoras cerradas por el gobierno.

Para ello Chávez utiliza los medios que le ha proporcionado la Asamblea Nacional, controlada hegemónicamente por el partido de gobierno. La particularidad es que, además de las leyes que directamente regulan la actividad de los medios, el Poder Legislativo venezolano no ha desaprovechado oportunidades para incorporar en otras leyes restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Penal en Radio y Televisión, aprobada en 2004, establece multas por irregularidades administrativas que defensores de derechos humanos como el jurista Héctor Faúndez califican de desproporcionadas y fuentes de autocensura.

Otro caso. En 2005 se aprobó una reforma del Código Penal y se incluyó el delito de "terrorismo informativo", relativo a la difusión de noticias que puedan causar zozobra. Al respecto, el penalista venezolano Alberto Arteaga Sánchez razona que muchas informaciones (por ejemplo, las referidas a la inseguridad ciudadana) también causan angustia a la población y por ello no podría impedirse su divulgación.

De modo similar, mediante la quinta reforma del Código Orgánico Procesal Penal, las empresas de telecomunicaciones quedaron obligadas a crear unidades permanentes de grabación de comunicaciones, que servirían como pruebas en eventuales investigaciones penales.

En este contexto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró 107 ataques contra medios y periodistas entre enero y octubre, de los cuales el 67% son reporteros de medios de comunicación privados.

Venezuela de modelo

Asumiendo la experiencia venezolana como una suerte de modelo, Ecuador ha puesto en práctica estrategias semejantes. De hecho, la libertad de expresión y el derecho a ejercer el periodismo en este país cambiarán de manera sustantiva en el primer trimestre de 2010. ¿La razón? Entre diciembre y marzo próximos, la Asamblea Nacional deberá aprobar una ley de Comunicación que ya ha despertado preocupación en la prensa.

Desde que el Presidente Rafael Correa llegó al poder, ha insistido en que el nuevo Ecuador requiere de un esquema de regulación y control de la comunicación social para superar lo que él define como los excesos de "una prensa mediocre", "corrupta" o "malintencionada".

El futuro documento, en consecuencia, se ha convertido en uno de los más polémicos de los últimos tiempos, ya que con esta ley se tendría la potestad de aplicar sanciones administrativas contra periodistas y medios, que van desde amonestaciones escritas hasta el retiro definitivo de la licencia de funcionamiento, pasando por multas económicas.

En otras palabras, un panorama sombrío para la prensa regional, dentro del cual países como Chile ciertamente resultan una excepción.

Informe de la Asociación Nacional de Periódicos Brasileños: Treinta y un casos durante un año en Brasil

El informe de la Asociación Nacional de Periódicos Brasileños (ANJ por sus siglas en portugués) da cuenta que entre julio de 2008 y agosto de este año se registraron 31 casos de censura previa, indemnizaciones exorbitantes y amenazas de agresiones a periódicos y a periodistas.

De los 31 eventos clasificados por la ANJ, 16 se refieren a órdenes judiciales contra la publicación de reportajes. Y uno de los casos más emblemáticos de la censura judicial de este informe aún está en curso.

Se trata del dictamen del magistrado Dácio Vieira, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, que prohibió al periódico Estado de Sao Paulo publicar informaciones de la Operación "Buey Barrica", una investigación de la Policía Federal sobre los negocios del empresario Fernando Sarney, hijo del presidente del Senado, José Sarney.

Aliado del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y uno de los más antiguos políticos en actividad en el país, Sarney tiene amplia influencia en la judicatura brasileña.

"La censura al periódico privó al lector de informaciones que permitirían hacer un mejor juicio de las cosas que están aconteciendo en este momento. Hoy el sector eléctrico está en jaque y fue en este sector que Sarney hizo nombramientos a borbotones", dijo João Bosco Rabello, uno de los directores de Estado de Sao Paulo.