Gobierno filipino inicia campaña contra grupos rebeldes

MANILA.- La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ha dado instrucciones para que todas las milicias que operan en el país sean disueltas de inmediato y sus armas incautadas, anunció el ministro de Defensa, Norberto Gonzales.

El Gobierno de Filipinas reconoció hoy que hasta 132 "ejércitos privados" campan a sus anchas en el país, la mayoría a sueldo de políticos o ricos terratenientes que imponen por las armas el dominio de sus feudos.

Una de estas guardias pretorianas fue precisamente la que el pasado 23 de noviembre secuestró y luego ejecutó a 57 personas en la provincia de Maguindanao por supuesta orden del clan de los Ampatuan, una tragedia que ha causado un enorme escándalo en el archipiélago.

La carnicería provocó que el Ejecutivo declarara la ley marcial en la provincia, se incautara de los arsenales de armas ocultos por la familia y detuviera a varios miembros de la dinastía, entre ellos el todopoderoso gobernador, Andal Ampatuan.

Sin embargo, unos 3.000 sicarios del clan siguen en libertad y ayer mantuvieron varios tiroteos contra los militares que ahora controlan Maguindanao.

Para evitar que estos sucesos se repitan, Arroyo creará una nueva comisión gubernamental que supervise el desarme en cuanto sea revocada la orden ejecutiva emitida por el Gobierno en 2006 que autoriza mantener los "ejércitos privados" bajo la denominación de "organizaciones de voluntarios civiles".

Ese decreto vulnera el Artículo 18 de la Constitución de 1987, que establece que todos estos grupúsculos están fuera de la legalidad y deben ser desarmados o bien integrados como regulares en las Fuerzas Armadas de Filipinas.

Parte de los mercenarios procede de las filas de la antigua Unidad Geográfica de Fuerzas Armadas Civiles (CAFGU), un grupo paramilitar creado por el ex presidente Ferdinand Marcos (1965-1986) para combatir a las guerrillas comunista y musulmana.

Los actuales CAFGU son los herederos de los antiguos "grupos vigilantes", acusados de un sinfín de violaciones de los derechos humanos de la oposición política durante la dictadura.

Otros sicarios son ex policías, militares y hasta miembros de bandas callejeras y sindicatos de extorsión reclutados por políticos, empresarios o familias ricas para proteger sus negocios y residencias particulares.

Las milicias privadas son una seña de identidad de la política filipina, pues los mercenarios son los habituales encargados de intimidar a la población y los rivales del gobernante de turno para perpetuar a éste en el poder, sobre todo en periodo electoral.

De esta forma, el director general de la Policía, general Jesús Verzosa, admite que lo más probable es que la violencia aumente a medida que se acerque la fecha de inicio de la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de mayo del próximo año.

Los comicios de 2007 fueron considerados "relativamente pacíficos" porque hubo 129 muertes, según los observadores internacionales.

Pero dado que los caciques son luego quienes garantizan los votos en las provincias, los sucesivos gobiernos filipinos han hecho poco o nada por acabar con sus "ejércitos privados", garantes del régimen político feudal que impera por lo general fuera de Manila y sobre todo en el sur de la isla de Mindanao.