BEIJING.- La Fundación Dui Hua, una institución no gubernamental dedicada a investigar los casos de presos políticos y al diálogo entre China y en EE.UU. sobre este problema, señaló que el número de detenciones y sentencias contra presos políticos se duplicó en el país asiático en 2008.
Si en 2007 fueron 742 los arrestos y 619 las condenas por "poner en peligro" o "subvertir la seguridad del Estado", acusación habitual contra disidentes políticos y religiosos en China, esas cifras fueron, respectivamente, 1.712 y 1.407 en 2008, según datos de Dui Hua publicados hoy en el diario "South China Morning Post".
Joshua Rosenzweig, investigador de la fundación, señaló a ese rotativo que las cifras cuadruplican las de 2004, cuando los arrestos de activistas fueron 426 y las acusaciones 467.
La última de estas sentencias se pronunció el viernes contra el intelectual Liu Xiaobo, condenado a 11 años de cárcel por pedir derechos democráticos en su país, la condena más dura contra un activista en doce años, calificada una "parodia de la Justicia" por organizaciones pro derechos humanos como Human Rights Watch (HRW).
"La intención del Gobierno ha sido enviar un mensaje escalofriante. ’Matar al gallo para asustar al mono’, un aviso para que los activistas se contengan", señaló Rosenzweig usando un proverbio chino para referirse al caso del escritor.
Dui Hua ("Diálogo", en mandarín), dirigida por el ex empresario estadounidense, John Kamm, se ocupa de presionar a Pekín para liberar a prisioneros políticos, generalmente con motivo de la visita de un algo cargo de EE.UU. al país asiático, algo que no sucedió con la primera visita a Beijing de Barack Obama, hace un mes.
Rosenzweig no está seguro de que Beijing "vaya a conseguir el efecto esperado (asustar a otros disidentes), a juzgar por el número de personas que mostraron su apoyo fuera del tribunal", en torno a 200, tanto el día del juicio, el miércoles, como el de la sentencia, el viernes.
"La libre expresión de ideas es algo que pocos gobiernos pueden erradicar por completo", agregó este investigador.
Muchos de los disidentes que tenían previsto presentarse a la entrada del tribunal fueron retenidos en sus domicilios por la policía, y algunos de los que consiguieron llegar hasta allí fueron detenidos en el acto.
La sentencia contra Liu ha sido la más larga aplicada por "incitar a la subversión" desde que esta pena fue creada en 1997, en sustitución de la de "actividad contrarrevolucionaria" que se aplicaba desde los tiempos de Mao Zedong y por la que fueron juzgados la mayoría de militantes de Tiananmen en 1989.
Dui Hua lleva a cabo un seguimiento de presos políticos chinos a través de los datos que emite el Tribunal Popular Supremo de ese país y de sus propias investigaciones de casos individuales.
La fundación cree que en los últimos años se disparó el número de casos de presos políticos por las revueltas en Tíbet y la represión durante los Juegos Olímpicos (2008) y por los conflictos étnicos en Urumqi, capital de la región china de Xinjiang, en julio pasado.
Entre otros, Dui Hua estima que unos 30 manifestantes de Tiananmen permanecen todavía encarcelados, la mayoría de ellos activistas obreros que seguían en la plaza cuando el Ejército cargó contra ellos la noche del 3 y la madrugada del 4 de junio de 1989, cuando murieron cientos de manifestantes.
"La dureza de la sentencia contra Liu contradice el compromiso retórico del gobierno con la ley y los derechos humanos", señaló a Efe Phelim Kine, investigador para Asia de HRW.
Una retórica que, en opinión de estos expertos, también ha sido evidente en los últimos días con la condena a muerte de 5 uigures más por la violencia étnica de julio pasado, con lo que son ya 22 (de ellos 21 uigures) los sentenciados a la pena capital en Urumqi.
Los grupos pro derechos humanos han denunciado que esos juicios estaban predeterminados políticamente, ya que en julio el gobierno autónomo de Xinjiang, escenario del conflicto, anunció que se castigaría a los culpables con la pena máxima.
Según datos de Dui Hua, China ejecutará este año a unos 5.000 convictos, una cifra muy superior a la documentada por Amnistía Internacional, pero la mitad de la que los delegados del legislativo chino reconocieron en 2004, unos 10.000 ejecutados.