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Santiago: Martes 17 de septiembre del 2024 | Actualizado 01:20
Garzón podría ser provisionalmente suspendido mientras se dirimen las causas abiertas en su contra.
Vladimir Bigorra, El MercurioMADRID.- Investigado por presunta prevaricación por su actuación sobre los crímenes del franquismo y en otra causa relacionada con un dinero percibido del Banco Santander, el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón vio hoy cómo el Tribunal Supremo abrió un nuevo frente en su contra.
La corte decidió admitir a trámite una tercera querella por prevaricación, en esta ocasión relacionada con el "caso Grtel", la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace un año.
La querella admitida fue presentada por el abogado del empresario José Luis Ulibarri, imputado en la causa de corrupción, y según la misma, Garzón autorizó de manera indiscriminada interceptar comunicaciones de algunos de los imputados en prisión, "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".
De forma paralela a las investigaciones a las que está sometiendo el Tribunal Supremo a Garzón, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia actualmente la posible suspensión provisional del magistrado mientras se dirimen esas causas.
En la querella por prevaricación relacionada con las desapariciones del franquismo, los demandantes -organizaciones de extrema derecha- consideran que el magistrado se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975) pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo.
En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, Garzón tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente.
La Fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de archivar la querella contra Garzón.
La otra causa abierta por prevaricación y cohecho está relacionada con un dinero que el juez percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Según los querellantes -dos abogados Antonio Panea y José Luis Mazón-, Garzón solicitó a la entidad financiera 302.000 dólares (cerca de 260.000 euros) para financiar dos cursos en la institución académica mientras estaba allí, entre marzo de 2005 y junio de 2006, en calidad de docente e investigador, tras haber solicitado un año de licencia de estudios.
Cuando volvió a trabajar a la Audiencia Nacional, fue el juez encargado de no admitir a trámite una querella contra Botín. Los dos abogados querellantes relacionan el dinero supuestamente recibido por Garzón para la organización de los cursos con su posterior decisión sobre la querella contra Botín y acusan al magistrado de prevaricación, cohecho y estafa.
