EFE
BRUSELAS.- La Comisión Europea pidió a Francia demostrar que la expulsión de gitanos inmigrantes cumple las normas de la UE, sumándose al debate sobre el equilibrio entre las políticas nacionales en el bloque y la protección de los derechos de los grupos marginados.
En un informe preliminar esta semana, tres de los 27 comisarios que integran el grupo cuestionaron que Francia cumpliera con los requisitos legales de la UE, al deportar a los inmigrantes romaníes a Rumania y Bulgaria.
No obstante, el informe aún no emite un juicio.
En el último mes, Francia ha expulsado a mil gitanos de campamentos ilegales de todo el país, elevando la cifra anual total a casi nueve mil, en un momento en el que el Presidente Nicolas Sarkozy persigue medidas drásticas en materia de seguridad, a la vez que su popularidad decrece.
Las expulsiones han dejado a la Comisión Europea en un dilema ya que se debate entre la necesidad de dar a los miembros espacio para actuar y la obligación de asegurar que se cumplan las políticas del bloque respecto de la protección de las minorías y el libre movimiento de personas.
"La Comisión busca información detallada de las autoridades francesas sobre si se han aplicado, y hasta qué punto, las salvaguardas exigidas en los casos recientes", según el texto.
Los expertos de la UE dicen que la legalidad de las expulsiones estriba en las condiciones en las que se están llevando a cabo las repatriaciones, más que en el hecho de expulsarlos, aunque Francia tendrá que mostrar probablemente que sus medidas contra el delito no van sólo contra los gitanos.
Como ciudadanos de la UE, los gitanos pueden vivir en cualquier país del bloque por hasta tres meses.
Para quedarse más tiempo, deben trabajar y contribuir a la seguridad social. Sin embargo, muchos de los aproximadamente diez millones de gitanos que hay en Europa no se desempeñan dentro de la economía formal.
