Juez de EE.UU. niega extradición de ex militar argentino

MIAMI.- Un juez de Estados Unidos rechazó hoy la solicitud de extradición del ex militar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar en una matanza de guerrilleros perpetrada en 1972.

El magistrado Robert Dubé dictaminó que las declaraciones de tres personas presentadas por el Gobierno argentino "no son creíbles", que las pruebas de la defensa de Bravo tienen una probable causa y que la extradición está excluida legalmente porque las acusaciones constituyen "delitos políticos".

Dubé, en su decisión de 21 páginas, dijo también que Bravo fue absuelto tras una investigación efectuada en Argentina.

"Esta solicitud de extradición es denegada y esta corte no emitirá un certificado de extradición a la Secretaria de Estado recomendando que Roberto Guillermo Bravo sea extraditado a Argentina", decidió el juez.

El fallo judicial fue emitido después de que el pasado 29 de septiembre, la defensa del ex militar presentara una moción en la que alegó que el Gobierno argentino carecía de pruebas suficientes para pedir la extradición de su cliente.

También reiteró que la masacre ocurrió tras un intercambio de disparos entre militares y guerrilleros que trataban de escapar.

El caso se ventiló en un tribunal de Miami donde Bravo, quien tiene la nacionalidad estadounidense, y su abogado Neal Sonnett batallaron por meses contra la solicitud de extradición.

En la última audiencia a mediados de septiembre, el juez escuchó dos testigos de la defensa, el abogado constitucionalista argentino Alfredo Solari y Jon Perdue, director de los programas de Latinoamérica de la Fundación de Estudios Americanos de Estados Unidos.

También admitió 22 pruebas entre las que figuraban informes de la justicia de Argentina sobre la llamada "masacre de Trelew" e informaciones de prensa sobre las acciones "terroristas" de los grupos guerrilleros los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Solari, quien conoció de cerca la masacre y el proceso de la dictadura militar de ese momento, dijo que consideraba que el proceso iniciado en contra de Bravo era una "persecución política contra los militares de Trelew".

El jurista arguyó que la persona que ordenó el arresto de los militares en 2006 era el director de la oficina de Derechos Humanos del Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y fue abogado defensor de los sobrevivientes de Trelew y de las familias de los fallecidos.

Bravo, un ex teniente de navío de 68 años, fue detenido en Miami en febrero pasado y está en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millón de dólares.

El ex militar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.

Bravo es director de una compañía que tiene contratos con empresas gubernamentales de Estados Unidos.