BEIJING.- El Ejecutivo chino ha emitido una nueva normativa que prohíbe el uso de la violencia en las expropiaciones obligatorias de vivienda en el país asiático, uno de los principales motivos de tensión social y política y que causa al año decenas de miles de protestas masivas.
La agencia oficial de noticias Xinhua informa hoy de que el Consejo de Estado de China (el poder ejecutivo) aprobó una nueva regulación de expropiaciones y compensaciones que sustituye a la que estaba vigente desde 2001 para frenar el descontento de la población.
La nueva normativa, de inmediata entrada en vigor, prohíbe la violencia y las habituales medidas coercitivas por parte de las autoridades locales o las promotoras, tales como cortar de forma ilegal el suministro de electricidad o de agua para forzar la evacuación de los inquilinos.
De la misma forma, las promotoras no podrán participar en las tareas de demolición y reubicación de los inquilinos o propietarios, y los gobiernos locales tampoco podrán intervenir en las demoliciones a menos que lo apruebe el correspondiente tribunal.
Otro de los aspectos más controvertidos de la actual regulación se refiere al precio de compensación, que en la mayoría de casos era irrisorio o inexistente.
La nueva ley especifica que se debe aplicar según el valor real de mercado en el momento de la expropiación.
Las denuncias por irregularidades en expropiaciones y desalojos en China rondan cada año las 100.000 y aumentan a un ritmo anual del 20 por ciento, según datos no actualizados del Ministerio de Tierra.
Se calcula además que en la última década más de 40 millones de campesinos, la población más desfavorecida, fueron expropiados en China en la última década para desarrollar áreas industriales e inmobiliarias, sectores que viven en la actualidad un sobrecalentamiento económico y burbujas especulativas.