Gobierno colombiano protegerá a campesinos amenazados y despojados de sus tierras

BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano tomará medidas especiales para proteger a los campesinos miembros de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, que han sido despojados de sus propiedades y recibido amenazas en las últimas semanas, en medio del conflicto armado interno que experimenta ese país.

Así lo confirmaron Carmen Palencia, presidenta de la agrupación, y el coronel Jaime Uvila, comandante de la Policía en la región de Urabá.

Agregaron que dichas normas se definirán en un encuentro en el que participarán el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón; el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; el comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo; y delegados de las embajadas de Alemania, Francia y de las Naciones Unidas.

Las nuevas acciones del Gobierno de Juan Manuel Santos surgen a raíz de una denuncia efectuada por la asociación de campesinos por el robo de una memoria USB, en su sede de la población de Apartadó, en la provincia de Antioquia. El aparato contendría información detallada de las personas que reclaman la restitución de tierras.

A raíz de lo anterior, las autoridades investigan si la USB, que apareció este sábado en la puerta de la casa de una integrante de la organización, fue manipulada para alterarla o extraerle información.

En tanto, el ministro Restrepo afirmó que el robo de la memoria se relaciona con planes de grupos armados ilegales que quieren sabotear el propósito del gobierno de devolver a los dueños originales sus tierras ocupadas por paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros en casi cinco décadas de conflicto armado.

El Presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que el programa de restitución de tierras es el principal objetivo de su gobierno.

Pocos días después de comenzar su mandato, en agosto pasado, Santos dijo que la primera fase del plan terminará en abril de 2011 y consistirá en la devolución de 312.000 hectáreas a 130.000 familias campesinas, de los más de dos millones de hectáreas que guerrilleros y narcotraficantes han ocupado.