TÚNEZ.- Hoy sábado, entró en vigor la amnistía general para los presos políticos en Túnez, tras la firma del decreto ley por parte del Presidente interino, Fouad Mebazaa.
Según esta disposición, que fue decidida ayer, todas las personas juzgadas o perseguidas por la Justicia antes del 14 de enero de 2011 podrán beneficiarse de la medida.
El secretario de Estado ante el Primer Ministro Ridha Belhadj opinó que este decreto ley pone fin a "un período de abusos y violaciones, abre una era de reconciliación y prepara las condiciones objetivas" para este período transitorio y la organización de elecciones "en las mejores condiciones posibles".
Explicó que los delitos contemplados en esta amnistía conciernen a la seguridad interior del Estado que fueron sometidos a la justicia en virtud de la ley sobre terrorismo, el código de prensa y las leyes relativas a las manifestaciones, así como al código de comunicaciones, diversos artículos del Código Penal y otras normativas, en especial el Código de Enjuiciamiento Militar.
Esta decisión prevé, además, que toda persona perseguida en el marco de delitos de derecho común, por sus actividades políticas o sindicales, pueda beneficiarse de esta amnistía, agregó.
Belhadj señaló que el decreto ley instituye les mecanismos de reintegración al trabajo y el principio de reparación a las personas concernidas.
La semana pasada la Asamblea Nacional (Congreso) y la Cámara de Consejeros (Senado) aprobaron conceder plenas facultades al presidente del país para gobernar por decreto, eludiendo con ello la necesidad de aprobar las leyes en el Parlamento, procedente del antiguo régimen.
Por ello, una vez que el Gobierno dio su visto bueno a la amnistía general sólo se precisaba un decreto ley presidencial para aprobarla definitivamente.
El primer gobierno de transición tunecino, con varios ministros del antiguo régimen en los puestos clave, ya adoptó un proyecto de ley de amnistía general pocos días después de la huida del país de Zine el Abidine Ben Alí, el 14 de enero.
Sin embargo, el proyecto no se aprobó ni se desarrolló oficialmente y muchos tunecinos denunciaron en las últimas semanas que centenares de presos políticos continuaban en las cárceles.