PARÍS.- La presidenta de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, consideró que el G20 debe modificar su enfoque y no ocuparse sólo de la situación monetaria internacional, sino también de las desigualdades y de la protección social que son factores importantes para el desarrollo económico.
Bachelet, en una entrevista al diario francés Le Monde señaló que confía en que Francia, que preside el G20, apoye en la cumbre de este organismo en noviembre la adopción de una recomendación "sobre la necesidad de crear una base de protección social".
"Hay muchos discursos pero no hemos visto todavía una estrategia concreta para reducir las desigualdades mundiales", declaró la ex presidenta chilena, que mañana y pasado presenta ante las autoridades francesas el proyecto del grupo de trabajo sobre una protección social básica que dirige.
Indicó que va a ser recibida por los ministros franceses de Exteriores, Alain Juppé, y de Trabajo, Xavier Bertrand, dentro de su misión, instituida en julio del pasado año por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Explicó que con el informe que preparan para la cumbre de noviembre en Niza quieren "demostrar por qué y cómo la protección social es un elemento central en el contexto económico actual", es decir que "elevar el nivel de formación y sanitario permite mejorar la productividad y la competitividad de un país".
Aunque la base de la protección social pueda variar de un país a otro en función de sus condiciones particulares, "debe formar parte de las estrategias de desarrollo y evolucionar en función de las capacidades", argumentó antes de añadir que también es importante que haya un soporte por parte de los Estados y de los individuos que habrán de cotizar.
A juicio de Bachelet hay muchos países que querrían crear una protección social pero no saben cómo hacerlo y por eso "tienen que poder contar con las instituciones internacionales".
En cuanto a la financiación de esos dispositivos, admitió que deben ser soportables para cada país y por ello su puesta en marcha debe ser progresiva.
Para ilustrarlo se refirió al caso de Chile y afirmó que cuando se llevó a cabo la reforma del sistema de pensiones de 2006 a 2010, se hizo cuando "la situación económica era buena y soportable para las finanzas públicas y para los individuos".