RÍO DE JANEIRO.- El Gobierno de Brasil se enfrentó hoy con la OEA y respondió con palabras ásperas a un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le pide al país suramericano parar las obras de una polémica represa en la Amazonía.
La CIDH solicitó que Brasil detenga de forma "inmediata" las obras de la central de Belo Monte, que comenzaron el mes pasado en el municipio selvático de Altamira, en el estado de Pará, con la oposición de ecologistas, indígenas y campesinos.
El organismo pretende que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados, según una carta del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, divulgada hoy en Brasil por organizaciones indigenistas.
Otro de los requisitos exigidos es la elaboración de un plan para prevenir la diseminación de enfermedades como consecuencia de la implantación de la represa y las derivadas del flujo masivo de personas en la región con motivo de las obras.
La CIDH dio un plazo de quince días para que el Gobierno presente pruebas del cumplimiento de las medidas cautelares y que, periódicamente, actualice esas informaciones.
El Gobierno brasileño respondió por medio de un comunicado de la cancillería en el que tachó de "precipitada e injustificable" la orden de la CIDH y sugirió que la OEA carece de competencia para opinar en este asunto.
"El Gobierno brasileño (...) recuerda que el carácter de tales sistemas (en referencia a la OEA y el CIDH) es subsidiario o complementario, razón por la cual su actuación solamente se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de la jurisdicción interna", sentenció la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
