Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:53
BELÉM.- La tala sostenible de árboles de la Amazonía brasileña para la extracción de madera puede generar al país ingresos por cerca de 6.000 millones de dólares al año y 170.000 empleos, según un estudio encomendado por el Gobierno.
El llamado manejo forestal sostenible, además de garantizar la preservación a largo plazo del mayor pulmón vegetal del mundo, y de generar renta y empleo para los habitantes de la Amazonía, puede convertirse en una actividad económica de utilidad para Brasil, según el estudio encomendado por el Ministerio de Hacienda.
Pese a que el informe no ha sido publicado, sus conclusiones fueron citadas en Belén, capital del estado amazónico de Pará, por el director del Servicio Forestal Brasileño (SFB), Antonio Carlos Hummel, para defender la celeridad en la concesión de selvas a madereros interesados en explotarlas de forma sostenible, y combatir la devastación incontrolada.
"La principal conclusión del estudio es que la actividad que más puede generar renta y empleo en la Amazonía y al mismo tiempo mantener la selva en pie es el manejo forestal de la madera", dijo Hummel.
El estudio también identificó como actividades rentables el manejo de productos como la castaña de Brasil, el açaí (una fruta rica en nutrientes y energéticos) y el caucho, "que pueden generar 500.000 empleos", agregó.
La renta calculada de 6.000 millones de dólares anuales es más del doble de los 3.900 millones de reales (unos 2.400 millones de dólares de hoy) que el país obtuvo por la tala en áreas selváticas en 2009, cuando Brasil produjo 15,3 millones de metros cúbicos de madera en la Amazonía.
Según cifras oficiales, de los cerca de 8.580 millones de dólares que Brasil recibió en 2009 por actividades forestales, un 66,4% tuvo origen en la silvicultura (principalmente la explotación de bosques cultivados para la producción de papel) y un 28,6% de la tala de madera en las selvas nativas.
La concesión de selvas para el manejo forestal fue reglamentada en 2006 pero es ahora cuando empieza su andadura.
La única área concedida y en explotación es la floresta nacional de Jamari (96.540 hectáreas), pero el SFB ya adjudicó la floresta de Saracá (48.857 hectáreas), lanzó la licitación para ceder la de Amará (210.161 hectáreas) y estudió otras seis áreas con un total de 1,1 millones de hectáreas.
"Nuestro objetivo es concluir este año con un millón de hectáreas concedidas y hasta 2025 tener 10 millones de hectáreas operadas por concesionarios", indicó Hummel.
El director del SFB explicó que el Gobierno puede dar en concesión 10 millones de hectáreas de selvas, otros 10 millones de hectáreas de áreas selváticas destinadas a asentamientos rurales y 10 millones de hectáreas de reservas extractivistas (que pueden ser explotadas de forma sostenible por sus habitantes).
"Son cerca de 30 millones de selvas que pueden ser explotadas de forma sostenible y legal mediante el manejo forestal de la madera", estimó.
Con los contratos, los madereros pueden explotar las áreas por 40 años mediante planes aprobados por el Gobierno que sólo permiten la tala anual de una treintava parte de la concesión para poder garantizar la recuperación de la selva.
El concesionario tiene que hacer un inventario de los recursos de la reserva y comprometerse a no extraer más de 25 metros cúbicos de madera por hectárea, a mantener el 10% de los árboles en pie para que puedan ofrecer semillas y a no talar especies con menos de tres ejemplares por hectárea.
Según Hummel, el cumplimiento de esas condiciones es fiscalizado con satélites por tres organismos del Gobierno y por auditorías independientes.
"Nuestro mayor objetivo es contar con una estrategia de uso sostenible de la floresta a largo plazo que mantenga la selva en pie y genere renta y empleo para los habitantes de la región, lo que evita la deforestación", según el director del SFB.
Las concesiones son una alternativa para los madereros desde que en 2003 el Gobierno suspendió las autorizaciones de tala en la Amazonía y reforzó el combate a la ilegalidad, lo que redujo de 260 a 30 el número de aserraderos en una de las regiones más explotadas.
