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Santiago: Viernes 15 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:09
LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) debe anunciar este lunes si emite o no un mandato de detención por crímenes contra la humanidad contra el dirigente libio Moammar Jaddafi, quien podría ser el segundo jefe de Estado demandado por la CPI después del sudanés Omar el Beshir.
La decisión de los jueces podría ser difundida a las 13:0 horas local, durante una audiencia pública en La Haya, mientras la campaña de bombardeos de los países miembros de la OTAN cumple cien días y el conflicto se prolonga.
El 16 de mayo pasado, el fiscal Luis Moreno-Ocampo pidió a los jueces que lanzaran órdenes de detención contra el coronel Jaddafi, su hijo Seif Al Islam y el jefe de los servicios secretos libios, Abdalá Al Senussi.
Los tres son sospechosos de homicidios y de persecusiones, que constituyen crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población civil libia desde el 15 de febrero, sobre todo en Trípoli, Bengasi y Misrata.
La revuelta en Libia ha causado miles de muertos, según el fiscal de la CPI, y generó la fuga al extranjero de casi 650.000 libios y el desplazamiento al interior del país de otros 243.000, según la ONU.
El domingo, en nombre de Africa, el Presidente sudafricano Jacob Zuma se indignó contra la OTAN, destacando que ésta no tenía un mandato de la ONU para llevar a cabo "el asesinato político" de GJaddafi.
En Libia, ese mismo día, la rebelión hizo retroceder 20 km a las fuerzas leales a Jaddafi, y se encontraba a unos 50 km de la capital, avanzando hacia el cerrojo estratégico de Bir al Ghanam.
Según el ministro de Relaciones Exteriores francés Alain Juppé, "hubo contactos" entre representantes del régimen libio e insurgentes, relativos en particular a la suerte de Gadafi, que se niega a dejar el poder.
El fiscal de la CPI, que había sido requerido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de febrero, sólo dos semanas después de que estallara la revuelta en Libia, inició su investigación el 3 de marzo.
"Las pruebas demuestran que Jaddafi ha concebido un plan para reprimir por todos los medios las manifestaciones populares de febrero, incluyendo la violencia extrema y homicida", afirmó Moreno-Ocampo en su demanda.
Seif al Islam, de 39 años, "primer ministro de facto", y Abdalá Al Sanussi, de 62 años, el "brazo derecho del coronel Jaddafi, "desempeñaron un papel clave en la puesta en marcha de este plan", según Moreno-Ocampo.
De acuerdo con el fiscal, estos tres hombres son "criminalmente responsables de homicidios, arrestos, detenciones, desapariciones y malos tratos contra manifestantes desarmados y presuntos disidentes cometidos por las fuerzas de seguridad libias desde el 15 de febrero".
Sólo un jefe de Estado en ejercicio, el presidente sudanés Omar el Beshir, es hasta ahora objeto de un mandato de detención de la CPI. Buscado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur (Sudán), Beshir no reconoce la competencia de la CPI, a la que desafía regularmente.
La CPI, que entró en funciones en 2002, no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de las órdenes de arresto.
Esta Corte tiene competencia en Libia en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad del 26 de febrero, algo que cuestionan las autoridades libias, quienes afirman que sus decisiones no le "conciernen", en la medida en que no han ratificado el estatuto de Roma, el tratado que la fundó.
La CPI es el primer tribunal internacional permanente encargado de procesar a los presuntos autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
