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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:43
BOGOTÁ.- Una norma que suspende órdenes de captura y ejecución de condenas para unos 25.000 desmovilizados, en su mayoría ex paramilitares, por delitos distintos a los de lesa humanidad entró en vigor este miércoles en Colombia, tras la sanción de su reglamento.
La ley, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista con el reglamento que sancionó el Presidente Juan Manuel Santos la noche del miércoles en busca de garantizar que "se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas", informó el Ejecutivo.
La ley busca cubrir un vacío existente en la legislación aprobada tras el proceso de negociación de paz con los grupos paramilitares de extrema derecha, realizado entre 2003 y 2006, que culminó con la desmovilización de unos 32.000 hombres en armas.
En ese momento el Congreso aprobó una ley de Justicia y Paz que otorga beneficios procesales a los desmovilizados sindicados de delitos de lesa humanidad, entre otros, penas máximas de prisión de ocho años, siempre y cuando confesaran la verdad y repararan a sus víctimas.
Pero el resto de los combatientes permanecía hasta ahora en un limbo jurídico, ya que a pesar de haberse desmovilizado, en algún momento podrían ser llamados a juicio por otro tipo de delitos, lo que llevó a algunos, según el gobierno, a regresar a la ilegalidad.
Con esta ley, de la que también se pueden beneficiar guerrilleros que dejaron las armas, quedarán suspendidas eventuales órdenes de captura por los delitos que no sean de lesa humanidad así como la ejecución de condenas si el desmovilizado está cumpliendo con su proceso de reintegración.
Además, la norma que exige a estos desmovilizados confesar los crímenes que conozcan con lo que se "busca proteger el derecho que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer el contexto y las causas de la conformación de grupos organizados al margen de la ley, además de evitar la repetición de hechos violentos", según la presidencia.
A través de los testimonios de los paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz han sido confesados 46.154 homicidios, 1.614 masacres, 4.389 desapariciones forzadas, y al menos 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia y Paz ha emitido una sola condena en firme, confirmada el 27 de abril pasado por la Corte Suprema, sobre la masacre de 13 campesinos de Mampuján (departamento de Bolívar, norte).
