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Santiago: Martes 17 de diciembre del 2024 | Actualizado 22:23
Partidarios de la ex primera dama recibieron con desconsuelo la decisión.
EFE
CIUDAD DE GUATEMALA.- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó la noche de este lunes, en fallo inapelable, la inscripción de la ex primera dama Sandra Torres como candidata presidencial del oficialismo en los comicios del 11 de setiembre, dejando al gobierno sin candidato a la sucesión.
Así, la gobernante Unión Nacional por la Esperanza (UNE) quedó sin posibilidad de presentar nuevos postulantes para las elecciones del 11 de septiembre, ya que vencieron los plazos legales de inscripción.
"La Corte de Constitucionalidad por unanimidad confirma la sentencia apelada que dictó la Corte Suprema de Justicia", que el 30 de junio había rechazado la incripción de Torres, afirmó el presidente de ese tribunal, Alejandro Maldonado Aguirre.
"Con nuestro fallo se confirma el rechazo a la candidatura del presidente y vicepresidente proclamados por la coalición" gobernante, dijo el magistrado.
Fuera del Tribunal, en el centro histórico de la capital, cientos de seguidores de Torres -en su mayoría mujeres humildes y niños- lucían desconsolados, algunos lloraban y muchos mostraban fatiga luego de una larga jornada de vigila frente al edificio.
Torres se había divorciado del presidente socialdemócrata Alvaro Colom en abril para eludir una norma constitucional y poder ser candidata a la sucesión por la gobernante Unión Nacional por la Esperanza (UNE).
La Constitución guatemalteca prohibe la reelección presidencial y también que los familiares directos del jefe de Estado en ejercicio sean candidatos a la sucesión.
El secretario general de la Gran Alianza Nacional (GANA, aliada del gobierno), Héctor Martínez, llamó a la calma a sus seguidores y dijo que el comando de campaña de Torres analizará la situación este martes.
El oficialismo había anticipado que podría inpugnar las elecciones si su candidata no era inscripta, pero siempre se abstuvo de precisar si esa impugnación incluiría el retiro de las candidaturas a cargos legislativos y comunales.
