Desde la Santa Sede quieren que el cardenal Juan Luis Cipriani pueda intervenir en decisiones de la universidad.
El Comercio / GDA
LIMA.- La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está hoy en riesgo de dejar de llamarse así debido a una disputa que mantiene con el Vaticano.
En 2009, la PUCP envió sus estatutos a la Santa Sede para que los apruebe, pero en la actualidad ésta le ha pedido modificarlos de forma "necesaria e ineludible". Uno de los principales cambios es que el Gran Canciller, el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, pueda intervenir en las decisiones de la casa de estudios, como elegir a su rector.
"El Episcopado tiene derecho a participar en la vida universitaria a través del Gran Canciller", señala el documento del Vaticano.
Para el juez del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, Luis Gaspar, estas observaciones "no afectan la autonomía" de la universidad y solo buscan garantizar respeto a la identidad cristiana y a los cánones de la iglesia.
Sin embargo, para el rector de la PUCP, Marcial Rubio, esta posible intervención de Cipriani, también arzobispo y miembro del Opus Dei, representa una amenaza.
"El cardenal Cipriani busca presionar para apoderarse de la universidad y no lo logrará, pues el centro del conflicto es el patrimonio: 1.000 millones de soles (unos 364 millones de dólares) están en juego, es un tema de dinero y de poder", señaló Rubio al diario "La República".
El viernes, en una reunión extraordinaria de la Asamblea Universitaria se decidió expresar su respaldo "al modelo actual de la PUCP plasmado en su estatuto". En un comunicado se expresa la "voluntad de preservar la autonomía universitaria y el derecho a la propiedad de sus bienes", se respalda la conducción del rectorado y se reafirma su identidad católica.
La Asamblea también determinó formar una comisión para evaluar las reformas propuestas por el Vaticano. Según Rubio, en 30 días se conocerá el resultado de esta comisión.
El Episcopado peruano y la PUCP mantienen un litigio por la administración de los bienes universitarios. En 1938, José de la Riva Agüero fijó en su testamento una junta para administrar sus bienes con participación cardenalicia.
"El arzobispo está en guerra con la universidad desde hace 12 años, pero las propiedades son de la universidad y no bienes eclesiásticos", afirmó Rubio.
Los bienes que otorgó Riva Agüero son el campus universitario de unas 43 hectáreas y un terreno donde existe actualmente un centro comercial.
