Canciller venezolano llama a Insulza a no meterse "donde nadie lo ha llamado"

CARACAS.- El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, no debe meterse “donde nadie lo ha llamado", a raíz de unas declaraciones que el secretario de la OEA realizó al semanario uruguayo "Búsqueda" sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la habilitación política del candidato presidencial opositor Leopoldo López.

El pasado 16 de septiembre, la Corte encontró culpable al Estado venezolano por violar el derecho de López a ser candidato a las elecciones presidenciales y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitar su derecho a participar en procesos de sufragio. "Que se acate. La única forma de evadir la sentencia es decir: 'Denuncio el tratado y me voy'. Todos los países deben aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos deben acatar los fallos de la Corte”, reza la frase de Insulza destacada por la prensa venezolana.

Maduro apuntó que el caso de López tiene que ver con hechos puntuales de corrupción en los que el líder opositor, supuestamente, se benefició del cargo público que ostentaba en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para obtener millones de dólares que usó para fundar un partido político.

"La decisión de la Corte Interamericana está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, que determinará la legalidad o no de cualquier decisión de cualquier corte internacional. Así de sencillo, Insulza que no se meta donde nadie lo ha llamado,” reiteró Maduro desde Ginebra, en declaraciones transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La decisión de inhabilitar a López fue tomada por la Contraloría venezolana en agosto de 2008 por dos casos de presunta malversación de recursos: uno en 1996 en PDVSA y otro en la Alcaldía de Chacao en 2004. López demandó al Estado venezolano porque fue inhabilitado por una decisión administrativa sin que ningún tribunal penal dictaminara su culpabilidad, como exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos.