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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:57
MONTEVIDEO.- La Cámara de Diputados uruguaya dio la madrugada del jueves sanción definitiva a un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura militar.
Tras doce horas de discusión, los diputados aprobaron la iniciativa con los votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) -50 de los 90 legisladores presentes-. Pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento celebraron la aprobación con aplausos y cánticos de "se va acabar la impunidad en Uruguay", al final del tenso debate parlamentario.
"Hoy se dejó en libertad total a la justicia, que puede actuar. Hoy hemos dejado de lado el escollo que tiene la Ley de Caducidad y los jueces van a poder actuar. Es un día histórico", dijo la diputada oficialista Ivonne Passada.
Deroga Ley de Caducidad
En la oposición, en cambio, se veían caras largas."Solo los autoritarios festejan un atentado a la democracia", escribió en su cuenta de Twitter la diputada del Partido Nacional AnaLía Piñeyrúa.
Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado, sostuvo que "el FA acaba de desconocer la voluntad del pueblo".
El proyecto aprobado el jueves "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.
Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Según sus impulsores, el proyecto derogaría de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos. Dicha norma siguió a otra que amnistió a la mayoría de los presos políticos.
La izquierda gobernante sostuvo que de esta forma se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en marzo ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
