Gobierno de Obama demanda a tercer estado para bloquear ley migratoria

WASHINGTON.- Carolina del Sur se convirtió hoy en el tercer estado estadounidense al que el gobierno de Barack Obama lleva a los tribunales para tratar de bloquear una ley migratoria local, que considera interfiere con su responsabilidad nacional en esta materia.

Según anunció hoy el Departamento de Justicia, la demanda interpuesta ante el tribunal del Distrito de Carolina del Sur sigue la misma estrategia seguida ya en el caso de las normativas aprobadas por Arizona y Alabama: desafiar la legislación al considerar que es "inconstitucional e interfiere con la autoridad del gobierno federal de decidir e implementar la política migratoria".

La demanda presentada hoy "deja claro una vez más que el Departamento de Justicia no dudará en desafiar una ley migratoria estatal, como ya hemos hecho en Arizona, Alabama y Carolina del Sur, si consideramos que la ley interfiere con la aplicación de la (política) de inmigración del gobierno federal", dijo el fiscal general, Eric Holder, en un comunicado.

"Aunque es comprensible que las comunidades estén frustradas con el quebrado sistema migratorio, consideramos que un remedo de leyes estatales no es la solución y sólo creará problemas", agregó.

De forma similar a la controvertida ley SB1070 de Arizona -el primer estado que el año pasado aprobó una ley migratoria propia- y la HB56 de Alabama, considerada la más dura contra los indocumentados del país, el gobierno de Obama argumentó hoy que la normativa de Carolina del Sur, entre otros, provocará la "criminalización" de indocumentados.

En consecuencia, continuó, "provocará una carga significativa a las agencias federales, haciendo que tengan que desviar sus esfuerzos de sus objetivos de mayor prioridad como el terrorismo, el narcotráfico o las actividades de las bandas" criminales.

Asimismo, advirtió el Departamento de Justicia, la ley de Carolina del Sur "provocará el acoso y detención de visitantes extranjeros e inmigrantes legales así como de ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar su estatus legal de inmediato".

Mediante demandas similares, el gobierno de Obama ya ha logrado con anterioridad bloquear algunos de los puntos más controvertidos de las leyes migratorias de Arizona y Alabama antes de que éstas entraran en vigor, si bien los procesos continúan en la vía judicial y se cree que podrían llegar incluso a la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia interpuso hoy la demanda en su nombre y en el de los de Seguridad Nacional y Estado, que son las instituciones del gobierno más implicadas en materia migratoria.

El presidente Obama ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de reformar completamente el sistema migratorio del país, pero alega la firme oposición republicana en el Congreso como motivo de que sus intentos hayan fracasado hasta la fecha.

La cuestión de la reforma migratoria es de alta prioridad para el electorado hispano, que con un peso cada vez mayor podría convertirse en uno de los factores clave en las aspiraciones de Obama a ser reelegido para un segundo mandato el año próximo.

Aunque diversas encuestas demuestran la frustración de los hispanos por la falta de acción de su gobierno, no está claro por el momento hasta qué punto esto podría perjudicar al mandatario, sobre todo en vista de que los precandidatos republicanos mantienen una posición muchísimo más dura en materia migratoria que el actual ocupante de la Casa Blanca.

Arizona se convirtió el pasado año en el primer estado norteamericano en aprobar por su cuenta una dura ley migratoria, alegando como excusa la falta de acción a nivel federal. La normativa fue denunciada tanto en Estados Unidos como en el extranjero, sobre todo en América Latina, por su dureza y por lo que muchos consideraron constituía una discriminación racial.

Pese a ello, la acción de Arizona ha recibido en los últimos meses numerosas réplicas en varios estados, incluido el de Alabama, que aprobó este año una normativa más dura aún, que incluso exigía a las escuelas púlbicas de primaria y secundaria determinar el estatus migratorio de los niños inscritos.

Esta provisión fue bloqueada temporalmente a mediados de mes por la Corte de Apelaciones de Atlanta, que sin embargo sí dio vía libre a otros controvertidos artículos de la normativa, como el que avala la detención de inmigrantes sospechosos de estar ilegalmente en el país y el que les impide a los indocumentados realizar "transacciones comerciales" en Alabama como solicitar una licencia de conducir, un permiso comercial o un documento de identificación.

Según indicó hoy el Departamento de Justicia, tratará de lograr una interdicción preliminar para detener la ley de Carolina del Sur antes de su entrada en vigor, el próximo 1 de enero, argumentando que su aplicación provocará "daños irreparables".

Asimismo, advirtió que seguirá "revisando" leyes migratorias aprobadas también en Utah, Indiana y Georgia.