Poder Judicial argentino destituye a juez prófugo en Chile por no investigar casos de DD.HH.

BUENOS AIRES.- El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación Argentina destituyó este jueves al juez Otilio Romano, prófugo en Chile, por no haber investigado violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar (1976-1983).

Por decisión unánime de sus siete miembros, el jurado apartó a Romano de su cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por no tener las “condiciones morales” para ostentar el cargo, informó el Poder Judicial.

Romano, procesado por la justicia argentina por más de un centenar de delitos de lesa humanidad, está prófugo en Chile desde el 24 de agosto, un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera en el cargo y enviara a juicio político.

En Chile se le otorgó una residencia temporal de ocho meses, que goza en libertad, mientras se resuelve su petición de refugio político. Romano, sobre quien pesa un pedido de detención del juez argentino Walter Bento, ha señalado a la prensa que espera que se compruebe “su inocencia”.

Con su destitución, Romano perdió la inmunidad de arresto que tenía por su cargo judicial.

Aparentemente el ex magistrado no investigó delitos de lesa humanidad cuando era fiscal y magistrado de primera instancia en Mendoza entre 1975, un año antes de que se produjera el golpe militar, y 1983, cuando finalizó la dictadura.

En sus consideraciones, el Jurado de Enjuiciamiento afirmó que “ha quedado demostrado que en sus indagatorias judiciales” personas víctimas del accionar de las fuerzas militares y policiales “dieron detalles de los tormentos padecidos y el lugar de su comisión, por lo que resultaba casi una obviedad investigar cuál fue la autoridad que llevó a cabo los procedimientos”.

Agregó que “sin embargo, el doctor Romano no cumplió con el deber de obrar consistente en promover, impulsar o sugerir pruebas tendientes a la investigación de los delitos denunciados y sólo propició su archivo cuando se contaban con nuevos e importantes elementos para profundizarla”.

El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por legisladores, abogados y magistrados, también cuestionó “la impropia actitud que el magistrado mantiene en la actualidad al no haberse presentado a estar a derecho ante la jurisdicción que lo reclama y haber solicitado asilo en el extranjero, persistiendo de esta forma en otra postura omisiva que agrava aún más su disvalioso proceder”.

El Gobierno de Chile afirmó en su momento que decidirá la situación de Romano si Argentina autoriza a cambio la extradición a Chile del ex jefe guerrillero Galvarino Apablaza, acusado del asesinato en 1991 del senador de la UDI Jaime Guzmán. El gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández otorgó en 2010 a Apablaza la calidad de refugiado político.