Autoridades holandesas ponen fin al turismo de los "coffeeshops"

LA HAYA.- El Gobierno holandés endurecerá a partir de enero de 2012 la normativa que regula los establecimientos donde se puede consumir marihuana, los "coffeeshops", que después de décadas de haber sido un reclamo para viajar a Holanda, pasarán a ser lugares vedados para los turistas.

Obligados a transformarse en clubes cerrados con un máximo de 2.000 miembros, los "coffeeshops" estarán solamente abiertos para holandeses o extranjeros residentes en Holanda, una medida que los propietarios traducen como el fin de su negocio.

"Es un arma para acabar con los "coffeeshops" y si sigue adelante tendré que cerrar", reconoció Miranda de Bruin, la propietaria de uno de ellos en un barrio de Rotterdam, en el que trabajan una decena de empleados.

"Creo que si un holandés tiene derecho a fumarse un porro, ese derecho debe de tenerlo también un extranjero", consideró De Bruin, quien no tiene planes de cambiar la naturaleza de su establecimiento.

Para De Bruin "es completamente imposible aplicar las nuevas normas, sobre las que no nos han dado ninguna información".

Explicó que en un barrio multicultural, como en el que se encuentra su local, con un 80 % de gente de origen extranjero, "tendría que pedirles que me presentaran un certificado del Ayuntamiento para poder atenderlos o registrarlos", por lo que calificó la medida de "inviable".

El Ministerio de Justicia piensa de modo muy diferente. Convencido de que el "turismo del porro" es indeseable, ha dado a los "coffeeshops" un margen de tiempo para que se transformen y preparen una administración "controlable" con los datos de sus miembros.

"La normativa se endurece a partir de enero de 2012, y se aplicará primero en las tres provincias de sur (colindantes con Bélgica y Alemania), en mayo de 2012, para extenderse al resto del territorio nacional en 2013", explicó a Efe la portavoz del Ministerio de Justicia, Charlotte Mensen.

Desde la "Fundación Pro Cannabis", Derrick Bergman, se mostró convencido de que la oposición de los propietarios e incluso el Parlamento, que previsiblemente debatirá en enero sobre el tema, acaben anulando la normativa.

"La nueva norma es un ataque a la privacidad y una discriminación a los extranjeros, por lo que mis expectativas son que los propietarios acabarán contestándola en los tribunales", analizó Bergman.