Una mujer venezolana muestra un certificado de la firma PIP y un implante.
AFP
CARACAS.- Un grupo de 700 mujeres venezolanas presentaron hoy un recurso de amparo constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país para solicitar la extracción y reemplazo de los implantes mamarios producidos por la empresas francesa PIP.
El grupo de mujeres afectadas se organizó a través de la red social Facebook y en poco más de una semana ha superado los 2.000 integrantes.
Las afectadas acudieron a la sede del máximo tribunal para exigir que se les retiren los implantes producidos por la firma francesa Poly Implant Protese (PIP), su reemplazo por nuevas prótesis de calidad y el reembolso a las víctimas de los gastos por la operación.
"Se trata de un recurso de amparo constitucional a dos derechos fundamentales, que son el derecho a la salud y a la vida", explicó el abogado Gilberto Andrea González, quien representa a las afectadas.
"Las prótesis no contaban con ningún tipo de solicitud para su comercialización en Venezuela, sino que estas empresas lo habían hecho por cuenta propia, sin ni siquiera habérselo notificado de la manera debida a las autoridades", denunció el jurista.
María de los Ángeles González, de 25 años, empleada civil de la Guardia Nacional (policía militarizada) venezolana, se plegó al grupo de afectadas por considerar que fue engañada por las empresas que comercializaban los implantes.
"A nosotras nos vendieron esas prótesis diciéndonos que eran seguras, cuando la realidad es que no estaban autorizadas ni por el gobierno francés ni por el venezolano", declaró.
Médicos "responsables"
González sostuvo que las empresas y las clínicas "tienen la responsabilidad con las víctimas de indemnizarlas y de cubrir los costos médicos que está generando su comercio ilegal".
Añadió que el grupo de mujeres busca determinar las responsabilidades de médicos y empresas que comercializaron y colocaron dichos implantes.
"Ellos (los doctores) también son responsables por haber usado unos implantes que no estaban certificados. Eso se tiene que investigar. Hay que determinar responsabilidades para saber quién trajo a Venezuela estas prótesis que le están haciendo daño a muchas mujeres", recalcó.
PIP produjo implantes que eran susceptibles de romperse, por lo que fueron prohibidos en Europa en 2010. Expertos sospechan que existe relación entre dichas prótesis y el cáncer, aunque el punto aún no ha sido probado. Alemania, República Checa, Colombia y Panamá, entre otros países han recomendado removerlos.
Se estima que entre 400.000 y 500.000 mujeres en el mundo portan las prótesis cuestionadas.
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró días atrás que su gobierno velará por la salud de las afectadas, pero criticó que muchas mujeres tengan que recurrir a implantes mamarios para mejorar su apariencia.
Chávez recalcó que su gobierno está "obligado" a responder a las afectadas, al tiempo que también responsabilizó a la "publicidad capitalista" por el auge de los implantes en Venezuela.
