El centro de detención de Guantánamo cumplió diez años.
ReutersWASHINGTON.- A diez años del traslado del primer detenido a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, la CIDH exigió hoy una vez más que el gobierno de Barack Obama cierre la prisión "sin demora", investigue y "sancione" los actos de tortura cometidos contra los detenidos y le permita visitar la instalación.
"El gobierno de Estados Unidos debe clausurar el centro de detención que opera en la base naval de Guantánamo sin más demora", reclamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado emitido con motivo del décimo aniversario de la prisión.
Además, la CIDH exigió que el gobierno estadounidense "determine la legalidad de la privación de libertad de las personas recluidas" en Guantánamo, y que "observe el principio de no devolución en los casos en que corresponda realizar transferencias de detenidos a otros países".
El organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha condenado reiteradamente la situación en Guantánamo, exigió también que Estados Unidos "investigue y sancione efectivamente los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes" comentidos contra los detenidos, tal como ya demandó en 2005.
Finalmente, pidió una vez más que se le permita tanto a la CIDH como a otros órganos internacionales de protección "realizar visitas de monitoreo" en Guantánamo sin los condicionamientos expresados por Washington.
"La Comisión Interamericana reafirma que considera fundamental que Estados Unidos permita la realización de una visita de observación en la que se le permita el acceso irrestricto a las instalaciones y entrevistarse libre y privadamente con los detenidos", subrayó la CIDH.
En los últimos años, la CIDH ha celebrado ocho audiencias relacionadas con la situación de los detenidos en Guantánamo, a quienes además ha otorgado varias medidas cautelares que, según recordó hoy el organismo, "siguen vigentes".
En su comunicado, el organismo también manifestó su "preocupación" ante la legislación aprobada el mes pasado y que autoriza la detención de personas por tiempo indefinido y sin juicio, una provisión que el Congreso norteamericano aprobó en el marco de la Ley de Autorización del Presupuesto de Defensa Nacional 2012.
"Cualquier privación de libertad debe cumplir estrictamente con la ley que la autorizó, con el derecho internacional de los derechos humanos y, cuando sea aplicable, con el derecho internacional humanitario", recordó la CIDH.