MADRID.- Persiguió a ETA, a narcos gallegos, a empresarios y políticos corruptos y a Augusto Pinochet. Pero Baltasar Garzón, suspendido desde hace casi dos años como juez instructor de la Audiencia Nacional española, inicia 2012 en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, que lo juzgará por prevaricación en dos causas que pueden suponer el final de su carrera.
A sus 56 años, responderá ante la Justicia por su investigación de los crímenes del franquismo y por las escuchas que ordenó en el marco del "caso Grtel", la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.
Dos juicios diferentes que coincidirán en el tiempo, sin que la fiscalía haya presentado acusación alguna contra él. El magistrado se enfrenta a una inhabilitación de hasta 17 años. "Me siento víctima de una caza de brujas", ha asegurado.
El martes 17 arranca el juicio por las escuchas que ordenó de las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la trama de corrupción en el "caso Grtel" y sus abogados, al creer que podía haber connivencia entre todos para evitar la acción de la Justicia sobre un dinero ocultado.
La querella contra el juez fue presentada por uno de los abogados y por el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. Sostienen que Garzón violó "garantías constitucionales" con sus escuchas, anuladas en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Una semana después, el 24 de enero, arrancará el juicio que más expectación despierta y que ha comprometido la imagen de la Justicia española fuera de España. En él, Garzón será juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975).
Quien fuera candidato al Premio Nobel de la Paz por su persecución a los ex represores del régimen militar en Argentina (1976-1983) está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas, una investigación en la que acusó a Francisco Franco y a 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de crímenes de lesa humanidad.
Fueron asociaciones ultraderechistas las que impulsaron la causa contra él.Llamada a convertirse en un hito en la carrera de Garzón, su investigación del franquismo acabó diluyéndose al tener que inhibirse en favor de los juzgados territoriales, obligado por la fiscalía.
El magistrado se siente castigado "por interpretar las leyes de una forma determinada y proteger a las víctimas". "Es un honor sentarme en el banquillo por investigar el franquismo", ha dicho Garzón, defendido por las asociaciones de recuperación de la memoria histórica como el único juez que escuchó a las víctimas del franquismo y ensalzado como un magistrado decidido a hacer justicia.
Los procesamientos de Garzón han sido interpretados por un sector de la izquierda española como un intento de apartar de la judicatura a un magistrado progresista que se ha granjeado enemigos a lo largo de su carrera al atreverse con casos que otros compañeros no quisieron abordar y por su gusto por la notoriedad mediática.
Garzón tiene pendiente otra causa más en el Tribunal Supremo, ésta por un dinero que cobró para unos cursos en Nueva York patrocinados por el Banco Santander, si bien en ella se encuentra, de momento, sólo imputado, es decir, está aún siendo investigado.
El magistrado tiene enemigos en los dos grandes partidos de España, el ahora gobernante PP y el Partido Socialista (PSOE), de la mano del cual hizo en 1993, en tiempos de Felipe González, una incursión en política de la que no salió muy bien parado.
Quienes apuntan a la existencia de "una persecución a Garzón" dicen que ésta arreció a raíz de que destapara el "caso Grtel". La plataforma Solidarios con Garzón, de la que forman parte entre otros el cineasta Pedro Almodóvar y los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel, lamenta que los dos juicios puedan convertirlo en "el primer condenado del 'caso Grtel' y la última víctima del franquismo".
"Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional", manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch.
El magistrado se enfrenta a la posibilidad de tener que abandonar la judicatura para siempre. De hecho, hace ya tiempo que está apartado de sus funciones como juez instructor de la Audiencia Nacional, un puesto en el que estuvo la mayor parte de los más de 30 años que ha dedicado a la judicatura.
En mayo de 2010, cuando el Tribunal Supremo decidió juzgarlo por prevaricación en la causa del franquismo, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió cautelarmente. El órgano de gobierno de los jueces lo volvió a hacer en abril de 2011, cuando la corte acordó juzgarlo también por la investigación del "caso Grtel".
Para entonces, Garzón se encontraba ya desde hace tiempo en La Haya. Allí lo reclutó como asesor el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, tras su primera suspensión.
