MADRID.- La fiscalía del Tribunal Supremo español se sumó este martes a la defensa del juez español Baltasar Garzón para pedir el fin del proceso contra el magistrado por haber querido investigar los crímenes de la dictadura franquista pese a la existencia de una ley de amnistía.
"Sustancialmente coincidimos en los mismos criterios sostenidos por la defensa", enfatizó el fiscal Luis Navajas, que durante las fases previas al juicio ya había pedido que no se juzgase a Garzón por considerar que su actuación no constituye delito.
"Pedimos el archivo del procedimiento", agregó Navajas ante los siete magistrados de la sala.
Mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón, de 56 años, fue demandado por dos asociaciones de ultraderecha españolas.
Lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 por haberse declarado competente en 2008 para investigar unas 114.000 "desapariciones forzosas" ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75).
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el mediático magistrado puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
El abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió el sobreseimiento del juicio denunciando la falta de "imparcialidad" del juez instructor, Luciano Varela, y considerando que la causa no es válida porque en ella no se querella ningún "perjudicado directo" sino únicamente una "acusación popular".
Tras esta primera sesión, los siete magistrados tienen hasta el 31 de enero para deliberar sobre estas cuestiones.
Si las aceptan, el juicio se puede acabar aquí. De lo contrario, las audiencias se reanudarán el próximo martes con la declaración de Garzón, al que seguirán, hasta mediados de febrero, los más de 20 testigos de la defensa, principalmente familiares de las víctimas del franquismo.