MADRID.- El juez Baltasar Garzón rechazó "frontalmente" la sentencia del Tribunal Supremo español que lo inhabilitó profesionalmente durante 11 años por haber ordenado escuchas ilegales en la investigación de un caso de corrupción.
A través de un comunicado, el magistrado anunció que "combatirá" el dictamen por las vías legales y con las acciones pertinentes, argumentando que no se ajusta a derecho.
"En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas", señaló, catalogando la decisión como "injusta y predeterminada".
En el documento, Garzón aseguró que sus derechos "han sido sistemáticamente violentados" durante el proceso en el que se le ha juzgado en el marco del "caso Gürtel", la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
Reiteró además que su actuación en la investigación del entramado de corrupción se ajustó a la ley: "Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban".
"Tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción (...) para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban (...) a los abogados", acusó.
Y agregó: "Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España".