ONU denuncia a "funcionarios públicos" de México por desapariciones de personas

GINEBRA.- Funcionarios públicos de México participaron en desapariciones de personas durante la "guerra sucia" contra el narcotráfico en ese país, sentencia un informe presentado el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.

"El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos", dice el informe, redactado por tres expertos independientes de la ONU del citado Grupo de Trabajo, que visitó México en marzo de 2011.

"La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país", recalca el informe, sumadas a las llevadas a cabo por "grupos del crimen organizado", en total 346 en 2010, alrededor de 3.000 a partir de 2006, calcula la ONU.

Puntualiza también "detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles quienes habrían sido llevados a instalaciones militares", mencionando casos sucedidos en los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

"Personal militar habría interrogado a personas detenidas", a veces "utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", cuyos responsables serían "elementos del Ejército y otras fuerzas de seguridad"; agregando desapariciones "por cortos periodos de tiempo", lo que se suele llamar "levantones", detalla el documento.

Los expertos critican que "las alegaciones de violaciones de derechos humanos (...)cometidas por elementos castrenses", estén "sujetas" a la "jurisdicción militar", mientras que la ONU preconiza que deben ser abordadas "por autoridades civiles".

La delegación de México, que no negó los hechos imputados, señaló que con posterioridad a la visita del Grupo de Trabajo, concretamente el 13 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restringir el fuero de los tribunales militares, que "no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles".

La ONU contabiliza a "mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas", quienes constituirían sectores de "particular vulnerabilidad" en padecer desapariciones.