ASUNCIÓN.- El conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial de Paraguay, desencadenado con la decisión del Senado de no confirmar en sus puestos a siete miembros de la Corte Suprema, se agudizó con la determinación de los jueces de rechazar la medida y apelar al Consejo de la Magistratura de ese país.
El presidente de la Corte, Víctor Núñez, dijo en una rueda de prensa que la única posibilidad de que el conflicto de poderes "quede definitivamente superado" es que el Consejo declare "sin validez" la resolución senatorial adoptada el 12 de abril pasado.
El Consejo, de ocho miembros -incluido Núñez- pero con sólo siete tras la muerte de uno de sus integrantes hace un año, es el órgano encargado de seleccionar y proponer ternas para miembros de Corte, jueces y fiscales.
Si el organismo dictamina a favor de la Cámara Alta "se ahondaría la crisis institucional y se rompería más el Estado de Derecho", advirtió el magistrado.
El juez consideró "un atentado contra la propia República" la decisión parlamentaria , que con una mayoría coyuntural de oficialistas y de un sector de oposición resolvió no confirmar en sus puestos a siete de los nueve miembros de la Corte, incluido Núñez, con el argumento de que en 2009 expiraron sus mandatos y no habían sido reconfirmados en ellos.
Discusión constitucional
Los partidarios de esta decisión aseguran que la Constitución de 1992 prevé un mandato de cinco años para los miembros de la Corte, y que la facultad de confirmarlos o no corresponde al Senado.
Sin embargo, la magistrada Alicia Pucheta, quien se presentó en la conferencia con Núñez y otro de los afectados, Raúl Torres, aseguró que la Carta Magna paraguaya sólo confiere al Senado potestad para designar ternas de candidatos a miembros de la Corte.
"Ahí termina la intervención (del Senado) con respecto al Poder Judicial,” ahondó Pucheta.
Torres, en tanto, mantuvo que la única herramienta legal de la Cámara Alta es un "juicio político", en el que el Senado oficia de juez y la Cámara de Diputados de acusadora.
La actual composición de fuerzas en el Legislativo podría hacer inviable la remoción de los jueces en un juicio político, que ya ha sido utilizado en el pasado para cambiar la composición del tribunal supremo.
Los miembros del máximo tribunal se declararon fuera del alcance de uno de los artículos constitucionales invocados por el Senado, el que declara el cumplimiento de dos períodos para que los magistrados sean designados inamovibles hasta la jubilación a los 75 años, y aseguraron que sólo se aplica a jueces "inferiores".
Los jueces afectados denuciaron el conflicto a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
