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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 15:32
WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este miércoles la constitucionalidad de algunas disposiciones de una polémica ley migratoria promulgada por el estado fronterizo de Arizona, que convierte a la inmigración ilegal en delito estatal, algo que critica el gobierno federal.
El gobierno del Presidente Barack Obama estima que esta ley, promulgada por Arizona (suroeste) en 2010, invade las prerrogativas del gobierno federal, al que la Constitución atribuye la elaboración y el respeto de la política migratoria.
El máximo tribunal estadounidense volverá así examinar la separación de los poderes federal y estatal, tras analizar el mes pasado la reforma sanitaria de Obama.
La Corte Suprema anunció en diciembre pasado que examinaría la constitucionalidad de la ley SB 1070, que permite a la policía detener a sospechosos de inmigración ilegal y exigirle pruebas de ciudadanía sin causa probable.
Además, criminaliza estar en sin papeles en el estado, obliga a los inmigrantes legales cargar sus documentos en todo momento, penaliza a los inmigrantes ilegales que buscan trabajo, y autoriza a la policía a expulsar a cualquier inmigrante que presuma haya cometido un delito.
La ley despertó una fuerte polémica y fue inmediatamente apelada por el gobierno.
Una corte de casación federal dio razón al gobierno federal sobre la inconstitucionalidad de estos artículos, y Arizona a su vez elevó el caso ante la Corte Suprema, que podría emitir un fallo en junio, tanto para este caso como para el de la reforma sanitaria.
Los fallos sobre estos dos temas candentes se producirán en medio de la campaña electoral hacia las presidenciales de noviembre, en las que Obama se presenta a la reelección.
El gobierno de Arizona, cuya ley fue imitada por otros estados del sur y centro de Estados Unidos, alega que el texto tan sólo aplica a nivel estatal lo que debería estar haciendo el gobierno federal.
Anthony Romero, director de la Unión estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), estimó que sería "un momento muy oscuro" en la jurisprudencia del país si la Suprema Corte mantiene la ley, abriendo el camino a la legalización de la discriminación.
"Por primera vez permitirían a los agentes de la ley utilizar el color de la piel, la raza, la etnia (...) Es una ley muy draconiana", dijo.
"Este caso tiene enormes implicancias para los agentes de la ley y para los derechos civiles. Si la Suprema Corte decide de forma equivocada, será una batalla en todo el país, estado tras estado", dijo Romero.
México y otros 17 países presentaron argumentos ante el alto tribunal estadounidense, en los que señalan que la controvertida ley "constituye una amenaza inminente a las relaciones bilaterales México-Estados Unidos".
En tanto, un nuevo estudio divulgado esta semana por el Pew Hispanic Center, con sede en Washington, revela que el flujo neto de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos cayó a cero debido al debilitamiento de la economía estadounidense.
Asimismo, el descenso responde a un aumento en los controles fronterizos, a un incremento en las deportaciones, a las mejores condiciones económicas en México y a una caída en la tasa de natalidad, indica el informe.
Ocho de los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense analizarán el caso, pues la magistrada Elena Kagan, que fue subsecretaria de Justicia de Obama, se recusó a sí misma. Si hay un empate 4-4, la decisión de la corte de casación contra las cuestionadas provisiones de la ley será mantenida.
Estados Unidos cuenta con unos 11 millones de indocumentados y en Arizona, el estado que más cruces ilegales soporta en toda la frontera con México, viven unos 400.000 extranjeros sin papeles en regla, según cálculos del Pew Hispanic Center.
