José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.
EFEWASHINGTON.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, afirmó que la comunidad internacional observó un "irrespeto" al debido proceso durante el procedimiento en el que se destituyó a Fernando Lugo de la Presidencia paraguaya.
En toda la región ha causado conmoción "la percepción generalizada sobre el irrespeto al debido proceso y al derecho de legítima defensa", indicó.
Insulza agregó que durante este fin de semana ha sostenido conversaciones con cancilleres y embajadores de la OEA para definir cursos de acción del organismo hemisférico, y agregó que espera tomar decisiones en los primeros días de la próxima semana.
"Dudas fundadas"
Aunque reconoció que el artículo 225 de la Constitución de Paraguay confiere facultades a la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político y al Senado para actuar como tribunal, el chileno reconoció que existen "dudas fundadas" sobre la constitucionalidad del juicio político contra Lugo.
"La comunidad internacional ha planteado dudas fundadas sobre el cumplimiento de las normas de la Constitución del Paraguay y en los tratados internacionales suscritos por ese país, que consagran los principios universales del debido proceso y del legítimo derecho", señaló Insulza.
Añadió que esta circunstancia pudo ser apreciada in situ por la mayoría de los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y por un representante especial del Secretario General de la OEA, "que viajaron hasta Asunción con el propósito de obtener, precisamente, que se respetaran esas normas", enfatizó el secretario general del organismo panamericano.
"Son ya varias las ocasiones en que en algunos países, con apego a la letra escrita de la ley, se violan principios democráticos que deben tener vigencia universal", dijo Insulza.
"La letra de la ley nunca puede amparar la violación de los principios", enfatizó. "Nadie quisiera que esto se transforme en una tendencia que empañe este período democrático de nuestra región, al que ha sido tan difícil llegar".
La declaración de la OEA empeora la ya difícil situación internacional del nuevo Gobierno paraguayo encabezado por Federico Franco, quien desde el viernes ha lanzado mensajes hasta ahora infructuosos para conseguir respaldo externo.
Pese a que el actual Mandatario ha insistido en que lo ocurrido en su país no configura un "golpe de Estado", varios gobiernos, entre ellos el de Argentina, su poderoso vecino, han denunciado esa posibilidad y afirman que no reconocen a las nuevas autoridades.
Además de las posibles acciones que emprenda la OEA, Paraguay enfrenta la posibilidad de sanciones o incluso la expulsión del Mercosur, posibilidad que fue esbozada por la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.