KIEV.- El tribunal Kíevski de Járkov, en el este de Ucrania, ordenó hoy un examen médico a la ex primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, que no compareció al inicio del segundo juicio penal contra su persona por malversación de fondos y evasión de impuestos.
El tribunal inició hoy la vista en ausencia de la acusada tras haber aplazado el juicio en otras dos ocasiones, en abril y mayo, a causa de la enfermedad de espalda que padece la ex jefa de Gobierno, tratada desde hace semanas por médicos alemanes desplazados a Ucrania y que ayer se negó nuevamente a acudir a la audiencia.
La Fiscalía acusa a Timoshenko de evadir el pago de 85.000 dólares de impuestos y causar pérdidas de 3,75 millones de dólares al Estado.
El fiscal solicitó el examen médico de la acusada ante sus reiteradas incomparecencias ante el tribunal que lleva la causa, hecho que imposibilita que el juez pueda decretar su arresto como medida cautelar, según algunos expertos consultados por el influyente diario "Kommersant Ukraini".
Sin esta medida, la líder opositora podría quedar en libertad si el tribunal de casación invalida, en una sesión prevista para mañana, la sentencia que la condenó a prisión por firmar en 2009 unos contratos gasísticos que resultaron altamente onerosos para Ucrania.
Según la acusación, Timoshenko cometió los delitos que se le imputan durante su gestión como directora de la corporación Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania (SEUU), a mediados de los pasados años 90.
El grueso de los datos acusatorios reunidos por la Fiscalía fueron recogidos entre 2001 y 2005, cuando se cerró la investigación.
Aunque los supuestos delitos prescribieron en 2009, la Fiscalía reabrió el caso con el argumento de que se había abierto procedimiento penal contra la acusada, el que finalmente la llevaría a la cárcel.
La Fiscalía tratará de demostrar que Timoshenko "planeó y organizó un esquema financiero delictivo" basado en la facturación ficticia a través de un banco situado en el paraíso fiscal de Chipre, y otro banco así como dos empresas controlados por la propia acusada, según el acta acusatorio.