DAKAR.- Senegal conmemora mañana el décimo aniversario del hundimiento del buque "Le Joola" en el que murieron 1.863 personas, más que en el naufragio del legendario "Titanic" en 1912. El recuerdo se combina hoy con los todavía no escuchados reclamos de los familiares de las víctimas, quienes aún piden justicia.
"Para nosotros sigue aún vivo el dolor causado por la muerte de los nuestros, a lo que se suma un sentimiento de profunda frustración por el trato que las autoridades han dado al caso", confiesa Idrissa Diallo, presidente de una de las asociaciones de familias.
La tragedia, que conmocionó a la sociedad senegalesa, se convirtió en el segundo mayor desastre marítimo civil de la historia después del siniestro del "MV Doña Paz", que se fue a pique en 1987 en Filipinas y causó unas 4.000 víctimas fatales.
El costo de vidas humanas del buque senegalés superó con creces al del "Titanic", que ocupa el tercer puesto como catástrofe marítima civil con 1.500 muertos.
Varios servicios religiosos que se realizarán en iglesias y mezquitas, además de reuniones cívicas y recitales de poemas en lugares públicos, actividades culturales y deportivas, forman parte de los actos que recordarán el hundimiento.
Familiares de las víctimas han organizado visitas a los cementerios de Dakar y de las localidades senegalesas de Zinguichor y Kafountine, así como de Banjul (capital de Gambia), donde están sepultados quienes perdieron la vida en el naufragio.
"Le Joola", de propiedad estatal, hacía la ruta entre Dakar y Ziguinchor, capital de la región de Casamance (sur de Senegal), y se hundió debido a una tormenta la noche del 26 de septiembre de 2002, frente a la costa de Gambia
Ante la pasividad mostrada por la justicia senegalesa, parientes de una veintena de víctimas francesas presentaron una demanda ante los tribunales de su país, aunque no se ha fijado fecha para el juicio, en el que podrían ser procesados siete responsables civiles y militares senegaleses.
El presidente de Senegal durante la tragedia, Abdoulaye Wade, admitió la responsabilidad del Estado y ofreció una indemnización equivalente a unos 11.500 dólares por cada víctima. La oferta fue rechazada por 20% de los familiares.
