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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:57
Río Silala.
El MercurioLA PAZ.- La Gobernación boliviana de Potosí anunció hoy que paralizaría sus obras para impedir que se utilice el agua del manantial fronterizo Silala, que surte a la II Región al norte de Chile, si Santiago decide pagar por el consumo del recurso natural, en declaraciones a la prensa local.
Silala nace en la región de Potosí y fue canalizado artificialmente hacia la norteña II Región chilena a principios del siglo XX, algo por lo que protesta Bolivia, que acusa a Chile de usufructuar las aguas del afluente de manera gratuita.
El gobernador de Potosí, el oficialista Félix Gonzales, declaró al diario La Razón que estarían dispuestos a detener la construcción de una planta piscícola, que comenzará a fin de este mes, si los dos países acordaran un pago por el consumo de agua, un asunto en el que no se muestra de acuerdo Chile, que pidió varias veces a La Paz un informe que establezca el origen del manantial.
Según cálculos bolivianos, el Silala surte cerca de 204 a 205 litros por segundo a la II Región y ahora Bolivia pretende usar "una parte".
El gobernador Gonzales explicó que "la idea es que esa acción sirva para presionar y paguen por la utilización de esas aguas (pues) se podría hacer un contrato tal como vendemos, por ejemplo, gas al Brasil y a la Argentina".
"Nosotros tendríamos que proveer agua y cumplir el contrato. Si Chile lo haría así, y paga con recursos económicos, entonces las obras se paralizarían", añadió el político.
Chile pidió a la cancillería boliviana un informe sobre los planes para usar el agua, aunque fuentes oficiales de La Paz dijeron que no responderán, porque la cabecera del manantial está en su territorio.
Los dos países, que carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, alcanzaron un preacuerdo a principios de 2011 por el que Chile pagaría por el consumo de hasta un 50% de las aguas del Silala, mientras se realizaba un estudio para establecer el origen de todo el afluente, pero este acuerdo no se llegó a materializar.
El entendimiento fracasó debido a que comunidades indígenas bolivianas fronterizas demandaron el pago por el 100% del recurso natural y organizaciones civiles de Potosí plantearon que incluyese el pago retroactivo por el uso del agua desde principios del siglo XX.
