BUENOS AIRES.- La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y otras nueve organizaciones presentaron hoy ante las Naciones Unidas un informe crítico sobre la situación del derecho de acceso a la información en Argentina.
El informe fue presentado en el marco del examen periódico que realizará la ONU sobre la situación de derechos humanos en cada uno de sus 192 países miembro.
Según los organismos, falta en Argentina una ley de acceso a la información y además en los últimos cuatro años "se experimentaron serios retrocesos en esa materia" a nivel federal.
El régimen de acceso vigente, establecido en 2003 por un decreto presidencial, "ha demostrado ser insuficiente para proteger y promover este derecho fundamental", al tiempo que el órgano de aplicación administrativo "mostró ser incapaz de promover las políticas de transparencia necesarias para terminar con la cultura del secreto que persiste en muchas áreas del Estado argentino".
El informe fue elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina y Article XIX, de Brasil, y contó con aportes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Directorio Legislativo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En Buenos Aires, diputados opositores, periodistas y organizaciones no gubernamentales también reclamaron hoy en una audiencia pública la sanción de una ley de acceso a la información.
La diputada del partido de centroderecha PRO Laura Alonso advirtió que si el Frente para la Victoria (FPV) oficialista no accede a realizar un plenario de comisiones para sacar dictamen antes del próximo 20 de noviembre en relación con el proyecto sancionado por el Senado, "el trámite caerá" una vez más.
"Es una estrategia de hace muchos años del kirchnerismo que no haya acceso a la información", denunció Alonso.
El diputado del Frente Peronista disidente Gustavo Ferrari precisó en tanto que de 8.350 pedidos de informes presentados entre 2003 y 2011, el Poder Ejecutivo sólo ha respondido el 12 por ciento.
"El gobierno se niega a sancionar la ley de información pública porque no quiere compartir el poder y pretende instituir uno sin límites ni controles: un poder hegemónico", advirtió.