Colombia analiza "estado de emergencia" en islas tras fallo de La Haya

BOGOTÁ.- El gobierno de Colombia comenzó a estudiar hoy la posibilidad de decretar el estado de emergencia económica en el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua.

La medida comenzó a ser considerada en San Andrés, en reuniones que sostenidas por el Presidente Juan Manuel Santos con funcionarios del gobierno, autoridades locales y pescadores. Éstos afirman que resultarán afectados por la decisión de la CIJ que asignó a la nación centroamericana una extensa zona marítima en torno a las islas.

Santos dijo que la decisión podría ser tenida en cuenta para contar con "los instrumentos legales y financieros" que le permitan al gobierno ejecutar un plan denominado San Andrés, que incluiría "un rediseño" del futuro del archipiélago.

"Queremos un plan de mayor envergadura que realmente le dé al archipiélago un rediseño de su futuro. Inclusive hemos discutido la posibilidad de poder decretar una emergencia que nos permita tener los instrumentos legales y financieros que nos permita ejecutar ese plan", precisó el Mandatario, quien desde este lunes se encuentra en la isla.

Asimismo, el jefe de Estado colombiano explicó que a partir del próximo lunes se iniciarán una serie de reuniones entre las autoridades y las comunidades del archipiélago para "echar adelante" las inversiones para la isla.

"No hay pronunciamiento por ahora"

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, insistió en que el gobierno colombiano estudiará "a fondo" el fallo de la CIJ para anunciar las decisiones que tomará.

"En eso está nuestro equipo de asesores. Hasta que no estudiemos a fondo el caso el gobierno no va a hacer un pronunciamiento", dijo la canciller, al ser interrogada sobre el camino que seguirá la administración Santos sobre la sentencia de la CIJ, anunciada este lunes en La Haya.

El tribunal, en el marco de una demanda elevada por Managua en 2001, ratificó la soberanía colombiana sobre siete cayos ubicados cerca de las islas principales del archipiélago, pero concedió a Nicaragua una porción de mar en la que Bogotá ejercía soberanía.

En un primer fallo anunciado en 2007, la CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago, pero se declaró competente para fijar los límites.

Santos destacó el lunes en la noche los aspectos del fallo que fueron positivos para Colombia, pero rechazó los nuevos límites.

Santos, Holguín y varios funcionarios del gobierno viajaron el lunes a San Andrés, con el objetivo de dialogar hoy sobre el caso con autoridades locales y líderes sociales de la región, habitada por unas 80.000 personas.

Holguín hizo énfasis en que el fallo "es muy complejo" porque causa efectos económicos sobre los pescadores colombianos y obliga a Bogotá a revisar sus acuerdos con otros países de la zona.

"Rechazamos parte del fallo, en el que hay inconsistencias, omisiones, falta de conocimiento de justicia, pero la decisión es trascendental y lo vamos a hacer con calma estudiando todas las repercusiones", dijo Holguín.

Varios dirigentes políticos y académicos consideran que como las decisiones de la CIJ son inapelables, el gobierno no tiene otro camino que admitir el fallo, pero algunos congresistas que forman parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con que la que Santos se reunió el lunes, dicen que se puede pedir una revisión del caso.

El ex Presidente Álvaro Uribe recomendó a Santos que no acepte el fallo, mientras que el también ex Mandatario Ernesto Samper dijo que se debe acatar "como corresponde a la tradición de la política exterior colombiana".