Gobierno venezolano asegura que denuncia de jueza sobre violación es una "vil patraña"

CARACAS.- La ministra venezolana de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, calificó hoy de "vil patraña" la denuncia realizada por la magistrada María Lourdes Afiuni en un libro en el que aseguró haber sido violada durante su estadía en prisión.

"Eso que ella ha escrito, relatado supuestamente a su abogado, es una vil patraña, donde además se da el lujo de señalar que el presidente (Hugo Chávez) estaba al tanto de estos abusos", dijo Varela en una intervención en la emisora Alba Ciudad recogida por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Las palabras de Varela se producen después de que la semana pasada se publicara un libro en el que Afiuni, detenida en diciembre de 2009 y en prisión domiciliaria desde febrero de 2010, denunciara que fue violada mientras estuvo recluida y quedó embarazada, aunque después tuvo un aborto.

"Esta patraña que ha inventado Afiuni con su abogado es una viveza que intenta atacar de manera impune a los trabajadores y a las privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof)", dijo Varela.

La ministra indicó, incluso, que las presas en esa institución difundirán una carta en rechazo de la denuncia de la magistrada y afirmó que hay una "campaña" contra el Inof y "las personas que allí están recluidas"

La ex directora del Inof, Isabel González afirmó que existe un expediente de 1.700 folios donde Afiuni hizo constar con su firma, que todos los procedimientos habían sido ejecutados con normalidad.

La jueza señaló en el libro del periodista Francisco Olivares "Afiuni. La presa del comandante" que fue "abusada sexualmente en la cárcel" donde, además, fue víctima de otras presas que le propinaron golpizas y la atacaron con armas blancas.

En declaraciones posteriores el abogado de Afiuni, José Graterol, acusó a Chávez de conocer esa situación y de ser el "culpable de lo sucedido".

Afiuni, de 46 años, fue detenida el 10 de diciembre de 2009 acusada de facilitar la fuga del país de Eligio Cedeño, empresario que llevaba tres años detenido sin juicio, acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales.

Chávez pidió públicamente la "máxima pena" para la magistrada a la que acusó de planificar la liberación en contubernio con abogados, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal.

Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de la magistrada alegando que en este caso hay una "indebida interferencia política" por parte del Ejecutivo.