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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
BRUSELAS.- La Comunidad Europea (CE) solicitó al Parlamento Europeo (PE) y a los Estados miembros a actuar para corregir el exceso de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) en el mercado europeo y aumentar su precio, ahora desplomado por debajo de los 5 euros.
"Ellos disponen de las herramientas presentadas por la Comisión. Tienen que actuar rápidamente y con determinación", señaló el portavoz comunitario de Acción por el Clima, Isaac Valero, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo europeo.
Según la CE, el mercado de emisiones europeo sufre un exceso de permisos, ya que el número de derechos a subastar se calculó antes de la crisis y la disminución de la actividad industrial ha causado un importante descenso de las emisiones, desajustando los precios.
Al final de cada año, cada compañía, para evitar ser multada, debe contar con el número de licencias suficiente para cubrir todas las emisiones de gases de efecto invernadero que libera, de modo que si es eficiente y le sobran, puede venderlas en el mercado a otras empresas más contaminantes.
Valero, en representación de la CE, instó a Estados como Alemania y el Reino Unido, que todavía no han definido su postura, a apoyar la propuesta que prevé aplazar la subasta de derechos para equilibrar el sistema de comercio de emisiones europeo ETS durante su tercera fase de desarrollo, de 2013 a 2020.
El portavoz comunitario avanzó que los grupos políticos en la Eurocámara ya están posicionándose y prevén abordar el asunto en una sesión plenaria en marzo o abril de este año, tras la que los Estados miembros discutirían la propuesta en el Comité de Cambio Climático, compuesto por los veintisiete países de la Unión Europea.
En este sentido, Valero expresó su deseo de que este debate tenga lugar "lo antes posible", para que la Comisión pueda empezar a reducir el número de derechos de emisión en las próximas subastas.
La CE ha recordado que las últimas estimaciones revelan un total de 2.000 millones de permisos que las empresas acumulan pero que no están siendo utilizados para emitir CO2 ni son objeto de compraventa, por lo que se revelan como un instrumento incapaz de incidir en la reducción de la emisión de gases a la atmósfera.
