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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:28
BOGOTA.- La Corte Constitucional de Colombia dio a conocer hoy un fallo que condena a una familia a indemnizar a una mujer sometida durante doce años a trabajos forzados, servidumbre doméstica y abusos sexuales, después de haberla apartado de su familia cuando tenía seis años de edad.
"Amalia", nombre con el que se protegió la identidad de la víctima, denunció haber sido "objeto de explotación, maltrato físico, abuso sexual y tortura" durante doce años por parte de la familia de un capitán del municipio Anzoátegui, al noreste de Venezuela, que la trasladó hasta Bogotá "en calidad de esclava".
Según consta, el 12 de diciembre de 2012, "Amalia" consiguió huir con la ayuda de un chofer familiar, aunque aseguró no haber denunciado los hechos hasta la actualidad por miedo.
La víctima decidió finalmente acudir a la Justicia, al tener en cuenta que los demandados tenían una edad avanzada y podrían haber muerto pronto, por lo que su caso podía quedarse en la impunidad y su origen en el incógnito.
El caso llegó a la Corte Constitucional después de que los demandados elevaran a revisión el fallo emitido por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá el 14 de junio de 2011, que a su vez confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá el 1 de mayo de 2011.
El trato al que fue sometida le ha causado importantes secuelas de estrés postraumático, lesiones psíquicas y secuelas emocionales que han condicionado y condicionan su desarrollo personal.
De este modo, la Sala concluye que "'Amalia' fue sometida a trabajos forzosos, a trata de personas e incluso a cierta modalidad de esclavitud", al ser obligada a "trabajar sin remuneración alguna, tener relaciones sexuales con el capitán, servir, someterse y callar".
Asimismo, certifica que "la violencia sexual de la que fue víctima, fue una forma de presión y control ejercida por el demandado" que demuestra la vulnerabilidad de "Amalia" ante los sucedido.
Por todo ello, la Corte Constitucional condenó a los demandados al pago de una indemnización por los daños que le causaron, a su salud emocional, integridad y dignidad por negarle su identidad y origen familiar y vulnerar sus derechos a la libertad, educación, verdad, justicia y reparación.
El tribunal dispuso que un juez de primera instancia establezca ahora la cuantía de la indemnización.
