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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:04
MADRID.- El Ministerio del Interior español anunció hoy que dará instrucciones claras para que los escraches de protestas ciudadanas tengan lugar al menos a trescientos metros de los domicilios de políticos, un fenómeno que se ha popularizado en los últimos tiempos.
Viviendas de cargos públicos del Partido Popular (PP), en el poder en España, son cada vez más objeto de concentraciones de protesta de decenas de personas, que consideran a esa formación responsable de no evitar desahucios de personas que no pueden pagar hipotecas debido a la crisis.
El término escrache se popularizó en los años 90 del siglo pasado en Argentina para aludir a las manifestaciones frente a domicilios de procesados por delitos cometidos durante la dictadura que luego habían sido puestos en libertad.
En España la palabra ha hecho fortuna con las concentraciones para protestar por los desahucios y que se celebran ante casas de políticos del PP, entre ellos, recientemente, los de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los participantes en esas protestas, pertenecientes a plataformas y asociaciones contra los desahucios, argumentan que se trata de acciones pacíficas, pero algunos de los políticos afectados han declarado sentirse acosados, dado que en muchos casos residen en sus casas con sus hijos menores.
El lunes pasado la Policía de la región del País Vasco impidió un escrache ante el domicilio de un diputado del PP con el argumento de que se trataba de un ataque a la integridad moral del político y su familia.
Hoy, el Ministerio del Interior ha seguido esa vía y, en concreto, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha confirmado que con carácter general los escraches tendrán lugar al menos a trescientos metros del domicilio de los cargos públicos.
La intención es armonizar que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus protestas con el derecho a la imagen e intimidad de los políticos, según el Gobierno.
Hace unos días el presidente español, Mariano Rajoy, aseguró que algunos de esos escraches eran actos de "coacción" e "intimidación", así como "antidemocráticos".
Algunos dirigentes del PP han vinculado a grupos del País Vasco participantes en escraches con fuerzas independentistas de esa región, lo que ha molestado a los promotores de esas acciones.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, rechaza que su movimiento tenga relación alguna con el terrorismo: "los que coaccionan y amenazan son los bancos y los partidos", ha asegurado.
El pasado 14 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que las medidas que regulan en España los desahucios por el impago de hipotecas son contrarias a la legislación comunitaria, que pretende proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas.
El Parlamento español tramita en estas semanas una Iniciativa Legislativa Popular para que los impagos de las hipotecas se salden con la llamada dación en pago, la entrega de la vivienda al acreedor, ya que hasta ahora los bancos, aparte de la casa, pueden reclamar dinero adicional hasta cerrar la deuda.
