MONTEVIDEO.- Los obispos uruguayos decidieron apoyar la consulta popular que se celebrará el 23 de junio para abrir el proceso que lleve a un referéndum con la intención de derogar la ley que despenalizó el aborto y que fue aprobada a finales de 2012 por el Parlamento.
En un comunicado los obispos señalaron que los derechos humanos y el "primordial derecho a la vida" no pueden quedar "sujetos a mayorías circunstanciales de un cuerpo legislativo o electoral".
Agregaron que "sigue siendo el deber" de los laicos, católicos y de los hombres y mujeres "de buena voluntad" aportar sus esfuerzos para procurar que la legislación uruguaya "respete el derecho a la vida humana desde su concepción".
Los uruguayos "tenemos ahora la oportunidad de cambiar con nuestro voto el rumbo de las cosas y darle un sí a la vida de los niños", manifestaron.
Los obispos exhortaron a votar el próximo domingo 23 de junio "con el fin de que se habilite la convocatoria del referéndum sobre la ley que hoy permite el crimen del aborto".
La Corte Electoral fijó este viernes esa fecha para la apertura del proceso que lleva a un referéndum tras validar 52.343 firmas necesarias para iniciar el camino y presentadas el pasado abril por legisladores y grupos civiles que se oponen a la ley de aborto.
En la convocatoria electoral, formalmente denominada "acto de adhesión", los uruguayos que lo deseen podrán pronunciarse en las urnas sobre si quieren o no quieren que se celebre un referéndum.
Para lograrlo, se requiere que al menos un 25% del padrón electoral, unas 654.000 personas, se pronuncie al respecto de forma afirmativa.
Sólo si se consigue ese número de votos se procederá a convocar la consulta sobre la derogación de la ley del aborto, que se produciría en un plazo de cuatro meses y en el que todos los uruguayos con derecho a voto estarán obligados a dar su opinión.
La nueva legislación de interrupción del embarazo en Uruguay, que fue aprobada con escasa mayoría y en medio de una gran controversia por las dos cámaras del Parlamento, despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Así, las uruguayas y las extranjeras con al menos un año de residencia en el país pueden solicitar esa intervención de forma libre.
Previamente, la paciente debe pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesoran sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
