BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino y organismos de derechos humanos repudiaron este jueves la propuesta del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, de reducir las condenas a acusados de genocidio a cambio de información sobre el destino de las víctimas de los regímenes militares en ese país.
La polémica proposición "es absolutamente errada, porque la legislación vigente no admite ningún mecanismo de negociación de penas a través de entrega de información a nivel federal", respondió la ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré.
A menos de una semana de la muerte del ex gobernante castrense
Jorge Rafael Videla, De la Sota -un peronista enfrentado al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández- pidió este miércoles "un baño de reconciliación".
Para ello, el gobernador sugirió reducir las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, a cambio de información sobre el destino de los desaparecidos.
"Él perteneció a la derecha peronista"
Al condenar la propuesta, Garré afirmó que De la Sota "históricamente perteneció a sectores de la derecha peronista" y no tuvo "posiciones del todo claras, de manera que no extrañan las opiniones que ha dicho".
En la misma línea, el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, insistió en que las penas para los autores de crímenes durante la dictadura no se pueden reducir y deben ser las que marcan las leyes y determinan los jueces.
"La Justicia tiene que extremar esfuerzos y conseguir la información por los mecanismos que el código establece", sostuvo Alak.
La reacción de rechazo también fue unánime entre los organismos de derechos humanos, que criticaron al jefe de gobierno de Córdoba por desvalorizar con su iniciativa el trabajo de la justicia.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas y la agrupación de Hijos repudiaron la propuesta "en nombre de los 30.000 desaparecidos" durante el régimen de facto.
"Los juicios por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado para De la Sota son una política de resentimiento, pero nosotros le decimos que los juicios son el fruto de años de lucha de las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos y se han constituido en política de Estado", indicaron en un documento conjunto.
Según datos de la Unidad de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, a marzo pasado la justicia argentina había procesado a 449 personas por delitos de lesa humanidad y condenado a 404 de ellas.
En tanto, hay otras 698 procesadas en causas de este tipo.
