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Gobierno de EE.UU. hace "control de daños" tras caso Snowden y filtraciones de seguridad

El escándalo crece luego de las revelaciones del ex contratista sobre el monitoreo y recopilación de llamadas telefónicas y datos de internet de grandes empresas en EE.UU.

11 de Junio de 2013 | 22:31 | Reuters
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Edward Snowden, el hombre detrás de las revelaciones sobre las acciones de monitoreo de la NSA de EE.UU.

AP

WASHINGTON.- Mientras crecen las proporciones del escándalo desatado tras las revelaciones hechas por Edward Snowden, ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), el gobierno de Barack Obama mantenía este martes las revisiones internas para evaluar el daño ocasionado por las divulgaciones.

Un funcionario de inteligencia estadounidense de alto rango señaló que los análisis internos gubernamentales estarán separados de la investigación que el Departamento de Justicia realice sobre el tema.

Snowden entregó detalles sobre el monitoreo y recopilación de llamadas telefónicas y datos de internet de grandes empresas en EE.UU., entre ellas los gigantes de internet Google y Facebook.

El especialista reveló en el video publicado por el periódico británico que quería hacer consciente al público de los programas de vigilancia de la NSA.

De incógnito

Mientras tanto, el protagonista de la historia se mantenía oculto. Decenas de periodistas se agolparon durante la jornada en las afueras de distintos hoteles de Hong Kong, a la caza del ex contratista cuyo paradero podría estar en esa ciudad china.

El especialista trabajó en una instalación de la NSA como empleado de Booz Allen Hamilton. Su caso se dio a conocer el domingo, con la difusión de su relato en un video publicado por el diario británico "The Guardian".

Las revelaciones generaron intenso debate en EE.UU. sobre el equilibrio entre los derechos a la privacidad de los estadounidenses y las medidas de seguridad nacional, en especial las desarrolladas tras los ataques del 11-S.

Miembros del Congreso serán asesorados esta semana sobre los programas de seguridad por funcionarios de inteligencia y seguridad.

Los legisladores prometieron un debate público y esfuerzos para ajustar las leyes sobre vigilancia con el fin de impedir abusos por parte del Gobierno estadounidense.

En tanto, la empresa Booz Allen comunicó que había dado por terminado el contrato de trabajo de Snowden este lunes y lo acusó de violaciones a sus políticas y su código de ética.

La firma agregó que había sido empleado de la empresa por menos de tres meses, con un salario anual de 122.000 dólares (unos 61 millones de pesos chilenos, equivalentes a poco más de 5 millones de pesos mensuales).

Exigen desclasificar documentos

Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley diseñado para terminar con la supervisión secreta de los programas y pidieron que se desclasifiquen documentos.


"Los estadounidenses se merecen saber cuánta información sobre sus comunicaciones privadas el Gobierno cree que tiene permitido tomar bajo la ley", dijo el senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon y copatrocinador con el senador Mike Lee, republicano de Utah.

Al mismo tiempo, tres de las empresas tecnológicas más grandes de EE.UU. pidieron al gobierno que brinde mayor transparencia en los pedidos vinculados a la seguridad nacional, mientras buscan distanciarse de reportes que las retrataron como socias dispuestas a proveer datos a las agencias de seguridad.

En comunicados similares publicados este martes con horas de diferencia, Google Inc., Microsoft Corp. y Facebook Inc. pidieron permiso a la Casa Blanca para publicar la cantidad y alcance de las solicitudes de información que cada una recibe por parte de las agencias de seguridad.

Las firmas, las tecnológicas más importantes del globo, quedaron bajo escrutinio público debido al papel que habrían cumplido en el programa "Prism" de recolección de datos articulado por la NSA.

Mientras tanto, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que había denunciado a funcionarios de alto rango del gobierno de EE.UU. por desafiar a la Constitución con el programa de vigilancia telefónica de la NSA, diciendo que viola los derechos de libertad de expresión y privacidad.

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