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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 17:48
RÍO DE JANEIRO.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro vivió horas de violencia entre la noche del jueves y la madrugada de hoy, a raíz de conflictos entre policías y manifestantes que protestaban ante el palacio de la gobernación del estado.
Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, efectivos de la tropa de choque de la policía militarizada utilizaron bombas de gas lacrimógeno, spray pimienta y balas de caucho contra grupos de manifestantes, que reaccionaron lanzando piedras y cócteles molotov contra los agentes.
Los conflictos, que terminaron con las detenciones de 56 activistas, se extendieron incluso a una clínica médica vecina al palacio, que fue invadida por las fuerzas de seguridad que usaron gas lacrimógeno para desalojar a manifestantes que se habían refugiado en el lugar.
La organización Amnistía Internacional (AI) -cuya oficina brasileña funciona en un lugar vecino al palacio de la gobernación- criticó duramente la violencia excesiva de la tropa de choque de la policía militarizada.
"Es una tragedia lo que está ocurriendo en Río de Janeiro. La policía demuestra que no está preparada, parece estar sin comando y actuando por cuenta propia", afirmó el director de AI en Brasil, µtila Roque.
El gobernador Sergio Cabral, a su vez, sostuvo que la dura reacción de los agentes fue necesaria para frenar actos de "vandalismo" por parte de grupos de manifestantes: "El vandalismo no será tolerado en el estado de Río de Janeiro.
"Grupos que salen a las calles con el objetivo claro de generar el pánico y destruir el patrimonio público y privado buscan sacar provecho de las recientes manifestaciones legítimas de millares de jóvenes deseosos de participar y perfeccionar la democracia conquistada con mucha lucha por el pueblo brasileño", agregó Cabral.
Los disturbios ocurrieron al final de manifestaciones convocadas por sindicatos y movimientos sociales en el marco del Día Nacional de Luchas, convocado en junio, en medio de la ola de protestas contra la corrupción y en demanda de mejores servicios públicos de salud, educación y transporte, que fue organizada a través de las redes sociales y arrastró a más de un millón de brasileños a las calles durante la disputa de la Copa Confederaciones.
Los actos organizados por ocho centrales sindicales reunieron en total a unas 100.000 personas en todo el país, según cálculos divulgados hoy por la prensa local y basados en estimaciones de los organizadores y de la policía.
Los sindicalistas cerraron 80 tramos de carreteras en todo el país, y en varios casos fueron desalojados por agentes de la Policía Caminera, por orden del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
Desde Montevidéo, donde participa hoy en la Cumbre del Mercosur, la presidenta Dilma Rousseff consideró como un hecho "positivo" las protestas, pero apuntó que su gobierno no tolerará el cierre de carreteras.
"Yo considero que el cierre de carreteras y actos de violencia en cualquier manifestación deben ser condenados. El derecho a ir y venir es un derecho fundamental y democrático", afirmó.
Al comentar las manifestaciones, Rousseff sostuvo que, en los últimos diez años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), hubo en Brasil importantes avances en los campos económico y social.
"Ahora, las personas quieren más, y esto es algo muy positivo en una democracia. Nosotros lo que queremos es ampliar estas conquistas y derechos sociales", aseveró.
