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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:07
BOGOTÁ.- La audiencia pública para evaluar si el llamado Marco Jurídico para la Paz, que regula la desmovilización de las guerrillas en Colombia, se ajusta o no a la Carta Magna comenzó hoy en la Corte Constitucional.
La sesión se inició pasadas las 8:00 horas (09:00 horas en Chile) y congregó en la sala de plenos de la Corte a los nueve magistrados que lo componen, al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, a los demandantes del citado acto legislativo (reforma constitucional) y a otros invitados.
El Mandatario fue el encargado de pronunciar el primer discurso de la audiencia, encaminado a defender la utilidad del Marco Jurídico para la Paz como una herramienta jurídica para regular la desmovilización de grupos armados ilegales tras un eventual acuerdo entre los actores del conflicto que logren ponerle fin a la confrontación.
El Acto Legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz fue una iniciativa del Gobierno aprobada en el Congreso en junio del año pasado, demandada seis meses más tarde ante el Constitucional por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al considerar que abría puertas a la impunidad de crímenes del conflicto.
Dentro del texto de esta reforma constitucional, el origen de la controversia se ubicó en los principios de "priorización" de delitos y "selección" de los responsables, entre máximos y menores, que tendrá que hacer la Justicia y el Legislativo con los 304.000 hechos denunciados.
En concreto, la ONG cuestiona la utilización de las expresiones "máximos responsables", en cuanto que considera que deberían ser juzgados "todos" los implicados en un crimen, y "cometidos de manera sistemática", porque dejaría por fuera violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido sólo una vez, por graves que sean.
El Gobierno ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304.000 hechos denunciados tomaría unos 100 años.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano comenzaron en noviembre de 2012 un diálogo encaminado a ponerle fin al conflicto que el próximo domingo entrará en su siguiente ciclo de conversaciones para seguir tratando el segundo punto de la agenda, la participación en política.
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, han rechazado públicamente este marco legal.
Para someterse a esta herramienta de justicia transicional, las guerrillas tendrán que contribuir con la revelación de la verdad, la construcción de la Justicia y de la reparación a las víctimas, y además deberán liberar a los secuestrados.
