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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 15:35
La guerrillera Tanja Nijmeijer, junto a Victoria Sandino Palmera, durante las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno colombiano y las FARC.
EFEBOGOTÁ.- La Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional este miércoles una ley que entrega herramientas legales y facilita el camino para la negociación de paz entre el Ejecutivo y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El tribunal rechazó una demanda que amenazaba con poner en riesgo las conversaciones entre el Gobierno y el grupo armado.
La Corte declaró legal el Marco Jurídico para la Paz, que establece las bases para castigar los crímenes de guerra y compensar a las víctimas.
La normativa enfrenta fuertes críticas de grupos de derechos humanos, que sostienen que abre paso a la impunidad y a una futura intervención de la Corte Penal Internacional.
"La sala plena de la Corte Constitucional consideró que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional como los mecanismos de selección y priorización", explicó el presidente del tribunal, Jorge Iván Palacio, quien leyó un comunicado.
Investigación en derechos humanos
La norma permite al Estado investigar, juzgar y sancionar a los máximos jefes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, excluyendo a los mandos medios y los combatientes rasos comprometidos en tales acciones.
También contempla la posibilidad de aplicar penas alternativas a la cárcel a los responsables, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y modalidades especiales.
No obstante, dichas prerrogativas se pueden aplicar siempre que contribuyan a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Para recibir los beneficios, la norma obliga a los favorecidos a abandonar las armas. También deben contribuir al conocimiento de la verdad, a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores del conflicto.
La ley también podría utilizarse para un eventual diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país, así como con otros grupos armados ilegales. También abarcaría a efectivos de las Fuerzas Armadas condenados por violaciones a los derechos humanos.
